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Dan 15 años de cárcel a extesorero del partido de Lula

Un juez federal de Brasil señaló que João Vaccari es culpable de aceptar al menos un millón de dólares en sobornos a cambio de que Petrobras otorgara contratos a empresas; fue acusado de corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir; Renato Duque, exdirector de la paraestatal, también fue condenado ayer a 28 años de prisión por recibir 9 millones de dólares de contratistas.

 

Joao Vaccari, ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), grupo político del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva y de la mandataria Dilma Rousseff, fue condenado a 15 años y cuatro meses de cárcel por delitos vinculados al escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.

Vaccari, detenido el 15 de abril en su casa de Sao Paulo, cuando todavía era responsable de las finanzas de la formación que gobierna Brasil desde hace 13 años, fue encontrado culpable de los crímenes de corrupción pasiva, asociación criminal y blanqueo de dinero en el marco de la Operación Lava Jato contra el desvío de fondos de la petrolera estatal.

El político fue condenado por recibir al menos un millón de dólares en sobornos a cambio de que la paraestatal otorgara contratos de suministro a empresas específicas que aceptaban pagar propinas, según la sentencia del juez Sergio Moro.

El magistrado señaló que Vaccari habría montado un sofisticado esquema de lavado de dinero con el objetivo de que el monto desviado desde Petrobras fuera a parar a las arcas de su partido, por medio de “donaciones electorales registradas”.

En su sentencia, que supone un nuevo golpe para el partido oficialista, Moro señala que el esquema criminal creado en torno a la petrolera estatal —de donde habrían salido ilícitamente cientos o miles de millones de dólares por medio de contratos sobrefacturados — “tuvo un prejuicio para las arcas públicas” y criticó que afectara al “proceso político democrático”.

Junto a Vaccari, que está siendo investigado en otras tramas vinculadas a Petrobras, fue condenado el ex director de servicios de la estatal, Renato Duque, a 28 años de cárcel por su rol en la adjudicación fraudulenta de contratos.

En curso desde abril de 2014, la Operación Lava Jato (“Operación Limpieza”, en portugués) investiga el desfalco de hasta 841 millones desde la petrolera estatal Petrobras por parte de partidos políticos, empresarios e intermediarios.

Considerada por el fiscal general de Brasil como el mayor caso de desvío de dinero en la historia del país, decenas de empresas y ejecutivos fueron imputados, mientras 54 políticos están siendo investigados por su supuesta implicación.

En medio de una pérdida de credibilidad acelerada de Petrobras, la mayor empresa de Brasil y responsable por alrededor del 5.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, la Operación Lava Jato amenaza con tener consecuencias políticas de gran calado.

Lo anterior, debido a que en el legislativo brasileño hay varios pedidos para votar un impeachment contra Rousseff si se demuestra que su campaña en los comicios de 2014 fue pagada con dinero de Petrobras.

Además de esta sentencia, la policía del país sudamericano reportó la detención de Antunes Sobrinho, uno de los propietarios de Engevix, quien presuntamente obtuvo unos 36 millones de dólares mediante contratos fraudulentos de Eletronuclear, compañía estatal del sector de la energía y cuyo expresidente, el vicealmirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, fue detenido en julio pasado.

“Ha estado moviendo dinero de la corrupción incluso durante este año, cuando la investigación ya estaba en marcha”, dijo en rueda de prensa el fiscal Carlos Fernandes Santos Lima.

La Policía Federal detectó la corrupción en Eletronuclear a través de la investigación en la paraestatal.

Desde que la policía federal y el Ministerio Público comenzaron en el año 2014 las pesquisas, las acciones de Petrobras perdieron casi un 40 por ciento de su valor.

Durante 10 años de acciones ilegales, luego de que se estableció el esquema de corrupción en 2003, las pérdidas en la compañía, alcanzan unos 2 mil millones de dólares.


Se perderán en este año 1.6 millones de empleos por crisis

Millones de trabajadores perderán su empleo este año debido a la recesión que ha sacudido al país más grande de Latinoamérica, afirmó ayer el sector industrial del país sudamericano.

La Federación de Industrias del Estado de Río de Janeiro señaló que un análisis del mercado laboral realizado recientemente demuestra que en 2015 se perderán entre 1.2 y 1.6 millones de empleos, la peor contracción en 17 años.

Anteriormente, la peor cifra se había registrado en 1998, cuando se perdieron casi 580 mil empleos formales en Brasil.

“No vemos indicios de mejoría a corto plazo”, comentó el economista de la federación Marcelo de Avila al periódico Folha de Sao Paulo.

El Instituto de Investigación Económica Aplicada, una entidad del gobierno, dijo a inicios del mes que más de un millón de empleados registrados podrían perder sus trabajos hacia final del año.

En su reporte de agosto pasado, la oficina gubernamental de estadísticas, IBGE, informó que el producto interno bruto del país se contrajo por segundo trimestre consecutivo, lo cual arrojó a la economía brasileña a una recesión técnica.



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Prohíben los donativos en campañas

Desde ahora las empresas no pueden aportar a partidos políticos; Corte Suprema emite fallo luego del escándalo petrolero

Redacción La Razón

La Corte Suprema de Brasil prohibió los donativos empresariales a las campañas y partidos políticos, dentro del escándalo de Petrobras, cuyos desvíos suman 841 millones de dólares.

Con ocho votos contra tres, el mayor tribunal de esa nación busca con su fallo bloquear flujo de dinero a las campañas, que en los últimos comicios presidenciales representó bastante más del 90 por ciento del financiamiento de los principales candidatos.

En este contexto, los investigadores del mayor escándalo de corrupción en la historia del país presumen que algunas compañías emplearon ese tipo de financiamiento para ganar lucrativos contratos con la paraestatal Petrobras.

La asociación de abogados de Brasil planteó el caso ante el máximo tribunal, que lo analizó por primera vez en 2013.

La dependencia no había emitido un fallo porque un magistrado conservador bloqueó una votación final hasta ahora.

“La influencia del poder económico culmina al convertir el proceso electoral en un juego político de cartas marcadas, una pantomima odiosa que transforma al elector en un títere, desmoronando de un solo golpe a la ciudadanía y a la democracia”, dijo la juez Rosa Weber al sufragar para que se derogara el financiamiento.

Sin embargo, el Congreso brasileño aprobó una medida diferente la semana pasada que permite la financiación corporativa.

Es probable que esa legislación enfrente un veto de la presidenta Dilma Rousseff.

Si el veto es anulado por el Congreso, el asunto volvería ante el máximo tribunal de Brasil.

La ley de 1995 derogada el jueves pasado por la noche le permitía a las empresas donar 2 por ciento de sus ingresos brutos del año antes de cualquier ciclo electoral en particular.

La nueva medida aprobada por el Congreso limita a las compañías a hacer un total de apenas poco más de 5 millones de dólares en contribuciones.

 
 
 

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fecha 22 de septiembre de 2015 01:09
ultima modificacion Ultima modificación: 00:26
autor Por: Redacción La Razón
 
 
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