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Evaluación y permanencia docentes, recompensar el mérito

Otto Granados

 

Mirada con serenidad, la evaluación, uno de los ejes centrales de la reforma educativa impulsada por el presidente Peña Nieto, no tiene por qué generar reacciones adversas en los docentes en la medida en que su instrumentación sea imparcial, objetiva y transparente, y sus consecuencias recompensen el mérito y sancionen el fracaso, pues de eso depende introducir nuevos incentivos en la carrera cuyos primeros beneficiados serán los propios maestros.

La aparente incomodidad sindical con el proceso tiene en cierto grado su origen en el hecho de que, desde un principio, se diseñó un mecanismo de evaluación a medias, que hizo suponer que era sólo un recurso cosmético que no alteraría las reglas del juego.

Es decir, la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa obedeció a la necesidad de contar con una oficina de medición de la calidad educativa, que facilitara a las autoridades tomar decisiones para elevarla, pero rápidamente distorsionó su sentido al negarse a dar conocer los resultados exactos de sus monitoreos, entre otras cosas, para no afectar “la privacidad de las personas”, ni mucho menos producir consecuencias concretas.

Así, la información pública (los resultados) acerca del estado de miles de escuelas públicas (la muestra seleccionada), generada por una institución pública (el INEE) que es financiada con recursos públicos (el dinero del contribuyente), no podría ser divulgada a los padres de familia y a la sociedad (usuarios del servicio y que pagan por ello) para no lastimar la “reputación” de los maestros.

La evidencia internacional, sin embargo, sugiere que una evaluación debe ser útil para mejorar las cosas. Por ejemplo, en EU, en 2002, se aprobó la reforma más amplia en 35 años en la educación básica mediante la cual se evaluaría a escuelas y maestros, y cuyos resultados, que son públicos, permitirían premiar a los mejores y sancionar a los peores, incluso con el despido de los docentes o el cierre de los centros con más alto y reiterado nivel de fracaso escolar.

En Brasil, Lula da Silva promovió una “revolución educativa” para profesionalizar (o reemplazar en su caso) a más del 20% del millón 882 mil docentes que tiene ese país y cuya preparación académica no sólo no cubre los estándares mínimos, sino que en muchas ocasiones su nivel escolar está por debajo del de los alumnos a los que enseña. Los profesores en activo son ahora sometidos a un examen nacional para medir su formación e introducir nuevos filtros, que determinen su permanencia en el sistema educativo.

En Chile, la evaluación es también obligatoria para los 70 mil profesores en activo en municipalidades y la ley prevé los supuestos bajo los cuales aquellos con un reiterado “desempeño insatisfactorio” son retirados del servicio, pero también sirve para determinar los salarios de los maestros, algunos de los cuales, los mejor evaluados, pueden recibir aumentos hasta en un 64%.

Una evaluación sin consecuencias, no es evaluación.

og1956@gmail.com




 
 
fecha 23 de enero de 2013 02:23
ultima modificacion Ultima modificación: 02:14
autor Por: Otto Granados
 
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