En las democracias civilizadas, la lucha política, esto es, la disputa por el poder, suele dirimirse en la discusión pública, en la esgrima parlamentaria y en la competencia electoral. En ellas, la vida institucional y el estado de derecho proveen de normalidad a los arreglos que permiten procesar, en condiciones de alta estabilidad y permanencia, las reformas que se producen en un país.

Ciertamente, hay ocasiones en las que, bajo circunstancias históricas extraordinarias —digamos Churchill y De Gaulle en la Segunda Guerra Mundial, Mandela en la liquidación del apartheid o Deng Xiao Ping en la reforma de la economía china— la determinación personal ha sido decisiva para conducir a una nación hacia cambios radicales. Pero, en cualquier caso, dentro de un orden distinto al de los caudillos que hacen lo que quieren, sencillamente porque tienen el poder para hacerlo.

En cambio, en América Latina los bajísimos niveles de institucionalidad, la falta de un verdadero imperio de la ley y la debilidad de la cultura cívica provocan que, en reemplazo de ese tipo de fundamentos estructurales, el voluntarismo y el personalismo se conviertan en el instrumento esencial de las decisiones políticas, lo que crea la apariencia —pero sólo eso: apariencia— de que ocurren grandes transformaciones. Como me dijo la semana pasada, con la típica ironía británica, un colega en la London School of Economics: “Me encanta cómo resuelven ustedes las cosas”.

El problema es que ese voluntarismo o, en la noción de Nietzche, esa voluntad de poder, tiende a ser irracional porque no reconoce otra lógica más que ésa, la del poder duro. Y eso, que arranca el aplauso de la galería, en la política de fondo es letal porque cuando los caudillos pasan, caen o mueren, las reformas que hicieron exhiben rápidamente su vulnerabilidad y son anuladas por el tiempo, por la involución o por quienes, llámense presidentes, gobiernos o partidos, los suceden en el mando.

Los regímenes de presidencialismo exacerbado, de los que la historia latinoamericana está plagada, son en ese sentido emblemáticos del peligro que representan para que las sociedades y los países construyan una cultura política e institucional sobre la cual arraiguen y se consoliden los cambios y las reformas a largo plazo.

Peor aún: del caudillismo como estilo de gobierno se pasa al fundamentalismo como ideología, de ésta a las verdades únicas, irrebatibles e irrefutables, y, de allí, al autoritarismo, competitivo o no. Se pierde así la oportunidad, o, con más propiedad, la necesidad de articular una conversación pública basada en argumentos y razonamientos, no en imágenes, liturgias, golpes o símbolos, que es indispensable para una vida pública liberal y una política realmente democrática.

El único contrapeso, en coyunturas confusas de este tipo, son las oposiciones, las organizaciones ciudadanas fuertes y valientes, la prensa crítica y los parlamentos autónomos, siempre y cuando, desde luego, no se allanen ante el poder que seduce, compra y corrompe.

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