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El poder constituyente y el origen de la dictadura

Rafael Rojas

 

En los años 90 el marxista italiano Antonio Negri escribió un libro, El poder constituyente (1992), que logró alguna resonancia en círculos de la izquierda latinoamericana. Negri recapitulaba las teorías constitucionales de Maquiavelo y Rousseau, Jellinek y Schmitt, y exploraba el papel de las revoluciones en la refundación jurídica de las naciones.

Pero Negri, en un giro teórico acorde al contexto de la post-Guerra Fría, insistía en que no sólo las revoluciones liberales (británica, norteamericana o francesa) sino también las comunistas, especialmente la bolchevique, habían activado sus propios procesos constituyentes.

Hugo Chávez entró en contacto con las ideas de Negri desde la cárcel, tras su fallido golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992. Y en cuanto llegó a la presidencia en 1998 propuso activar el mecanismo para rebasar la Carta Magna de la Cuarta República de 1961, que juzgaba “moribunda”. Dado que el poder constituyente reconocía la soberanía originaria del pueblo, el nuevo presidente convocó a una consulta nacional sobre el propio proceso constitucional y luego sometió el nuevo texto a referéndum popular.

La Constitución de 1999 honró ese origen, estableciendo el derecho a referéndum y el poder constituyente del pueblo. Ahora el gobierno de Nicolás Maduro, luego de negarse a aceptar la convocatoria a referéndum revocatorio y posponer las elecciones locales y regionales, apela a los artículos 347 y 348 para anunciar la instalación de una nueva Asamblea Constituyente. Está dentro de las atribuciones del presidente lanzar la convocatoria, pero los procedimientos de consulta, referéndum y elección por sufragio universal, directo y secreto de los asambleístas, al parecer, serán desechados.

Lo que busca Maduro es un parlamento de partidarios del gobierno, como la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Pero, ¿por qué necesita reformar la Constitución de 1999 para gobernar? Sencillamente, porque aquella Constitución, la chavista, es democrática y garantiza el gobierno representativo, la división de poderes y la competencia electoral, tres premisas que son, ahora mismo, obstáculos para el régimen madurista. Con esta nueva iniciativa, el gobierno venezolano da la razón a quienes en los últimos años han señalado que a Maduro no le interesa resolver el conflicto de poderes con la oposición legislativa, ni convocar las elecciones previstas por la ley, sino, simplemente, preservar el mando.

Luego de intentar transferir la función parlamentaria al Tribunal Supremo de Justicia, el madurismo tensa aún más la cuerda y aspira a una Constitución ad hoc, negación palmaria de la Carta del 99, que legó Hugo Chávez. En esa nueva Constitución estaría representado el propio madurismo, por lo que la crisis política venezolana no tendría solución y la posibilidad de una guerra civil seguiría nublando el futuro inmediato del país suramericano.

rafael.rojas@razon.com.mx




 
 
 
 
fecha 4 de mayo de 2017 00:47
ultima modificacion Ultima modificación: 00:06
autor Por: Rafael Rojas
 
 
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