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Angélica Ortiz Dorantes
 
La prisión preventiva oficiosa

Angélica Ortiz Dorantes

 

En la actualidad se arresta para saber si se debe arrestar José María Asencio Mellado, La Prisión Preventiva

La reforma constitucional conocida públicamente como la de los “juicios orales” se ha presentado como aquella que termina con el proceso inquisitivo (para empezar, hay que decirlo, no es verdad que en México hoy el proceso penal sea de corte puramente inquisitivo; lo que tenemos, es uno mixto con algunos signos, sobre todo en la etapa de averiguación previa, de corte inquisitivo). Sin embargo, las buenas intenciones constitucionales parecen, en algunos temas fundamentales, no tener pista de aterrizaje en el Proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.

Si de lo que se trata, como señala la carta de legitimación de la reforma, es de terminar con el proceso inquisitivo, es necesario preguntarse, en términos procesales (que son los que importan), qué hace que un proceso pueda ser calificado como tal. Son varios los rasgos, entre los más importantes destacan: las facultades de acusar, investigar y juzgar recaen en una persona (La Inquisición seguía este sistema) y la prisión preventiva suele ser muy amplia.

La prisión preventiva es la privación de la libertad antes de que exista una sentencia condenatoria. Esta institución del derecho procesal penal, dice Ascencio Mellado, ha sido calificada, incluso, de inmoral porque supone una privación de libertad que recae sobre la persona aún no declarada culpable, que la cumple, en definitiva, una persona jurídicamente inocente.

La libertad, ya se sabe, es uno de los bienes de mayor jerarquía: sólo la vida lo supera. El procesal penalista Jesús Zamora Pierce reflexiona que, al suprimir la pena de muerte en México, puede afirmarse que la libertad es el bien más valioso de cuantos se debaten en los tribunales, y el eje mismo sobre el cual gira la totalidad del drama penal.

Es verdad que la prisión preventiva no puede suprimirse del proceso penal porque no cabe duda de que existen supuestos en los que se justifica. Sin embargo, su uso no debe ser la regla general. El artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.

Así, como señala Zamora Pierce, justificada la existencia de la prisión preventiva, como necesaria excepción que es a la regla de la libertad, el problema consiste en fijar el punto en que coinciden los intereses sociales con los individuales del procesado.

A pesar de que son muchas las voces que señalan, con buenas razones, que la prisión preventiva debe ser excepción y no regla en el proceso penal, el Proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales que ha hecho llegar el Presidente al Congreso no parece haber escuchado a estas voces. En efecto, en el artículo 265 del Proyecto se prevé la prisión preventiva oficiosa (ya el nombre parece indicar un proceso inquisitorial); es decir, la que el juez deberá ordenar siempre. La lista incluye más de sesenta delitos. Así, se pretende que la prisión preventiva sea la regla, no la excepción.

La prisión preventiva puede (y suele) ser muy injusta. La periodista Lidia Cacho la vivió, por unas horas, en 2005 y eso la motivó a escribir: “entre mi miedo y su miedo a ser devoradas en la oscuridad del encierro por un sistema penal corrupto e ineficaz, ninguna de nosotras, hasta ese día, habíamos pensado en lo que significa la prisión preventiva en México, es decir, la prisión sin condena”.

Marco Lara ha considerado que “La prisión preventiva deslegitima al sistema penal porque les da el mismo trato a los culpables y a los inocentes. Además, la indefensión que acarrea la prisión preventiva, favorece la impunidad, agrava la inseguridad pública y tiene un alto costo económico”.

Así pues, parecen atendibles los argumentos del proceso penal democrático para que la prisión preventiva no opere con gran amplitud. A ellos, sin duda, se suman algunos de corte económico: cada reo significa para el Estado (es decir, para nosotros los contribuyentes) una erogación importantísima. De acuerdo con algunas estimaciones, el costo económico de la prisión preventiva equivale a más del 50% del gasto federal en seguridad pública. Mantener a miles de personas en prisión sin condena significa casi cinco mil millones de pesos.

No es pues razonable que la prisión preventiva se extienda de la manera en que se hace en el proyecto comentado.

angelica.ortiz.d@hotmail.com




 
 
fecha 13 de noviembre de 2011 00:30
ultima modificacion Ultima modificación: 06:52
autor Por: Angélica Ortiz Dorantes
 
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