Ayotzinapa: Fuentes de la verdad legal

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La desaparición en Iguala de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa es un hecho que marca nuestra historia contemporánea. Desde que aparecieron las primeras versiones de lo sucedido el 26 de septiembre de 2014, comenzó una disputa entre diferentes actores para conocer la verdad. Anteriormente he señalado la importancia de contar con una verdad legal, como base para hallar la verdad histórica, de modo que propongo revisar sus fuentes nacionales e internacionales.

La primera doméstica es la de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, instancia a cargo de la investigación los primeros nueve días. A partir del 4 de octubre, la pesquisa quedó a cargo de la Procuraduría General de la República, misma que dio a conocer sus primeras conclusiones el 27 de enero de 2015. Basándose en peritajes, evidencias y declaraciones de los detenidos, integrados durante casi cuatro meses, la PGR determinó que los 43 estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, por miembros del cártel Guerreros Unidos.

La fuente más relevante de verdad legal, a nivel internacional, ha sido el grupo de expertos propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su primer informe del 6 de septiembre de 2015, dicho grupo refutó la versión de la PGR, señalando la imposibilidad de la existencia de un incendio en el basurero de Cocula. En ese mismo sentido se pronunció en febrero pasado el Equipo Argentino de Antropología Forense que, aunque aceptaba la presencia de incineraciones, consideraba que no habían sido en la magnitud afirmada por la PGR. La fuente internacional más reciente es el informe de los expertos en materia de fuego, que señala la existencia de condiciones para la realización de un gran incendio en el basurero, así como la evidencia de que al menos 17 personas fueron incineradas.

En la búsqueda de la verdad legal de los hechos de Ayotzinapa destaca por su ausencia la CNDH. A pesar de que desde octubre de 2014 el anterior ombudsman determinó tramitar el caso como una violación grave, categoría reservada a los hechos más delicados, hasta ahora su labor se ha limitado a crear una oficina encargada de la investigación y a emitir un par de informes. En el primero, de julio de 2015, formuló 32 observaciones (figura no prevista en su ley) a la PGR y a autoridades de Guerrero, evitando hacer recomendaciones. En el segundo, hecho público la semana pasada, sobre la participación de la policía de Huitzuco en la desaparición de los estudiantes, presenta como nueva una hipótesis incluida en la averiguación de la PGR.
Para encontrar la verdad legal de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos, es necesario que la CNDH determine, entre otros aspectos, si hubo violaciones a los derechos humanos respecto a la idoneidad de los peritajes para identificar restos, si los presuntos responsables contaron con una defensa adecuada o si fueron torturados. La actitud omisa del ombudsman muestra que la defensa oportuna de los derechos humanos no es su prioridad.

mauricio.ibarra@razon.com.mx
Twitter:
@mauiibarra

Mauricio Ibarra

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Abogado (UAM) y maestro en Economía y Política Internacional (CIDE).
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