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El presidente Nicolás Maduro (der.) recibe en Caracas a su homólogo y aliado Evo Morales, de Bolivia.

Los países que optaron por presentar su firma en una denuncia coordinada por crímenes de lesa humanidad contra el presidente Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional (CPI), ostentan los niveles de inmigración venezolana más altos de la región, lo que habría motivado a activar por primera vez el artículo 14 del Estatuto de Roma, que hace efectiva la querella en La Haya.

“Nos hemos coordinado los cancilleres de cinco países, concretamente, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Vamos a firmar el martes por la tarde una carta dirigida a la CPI pidiendo que se inicie una investigación preliminar de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”, reveló el vicecanciller peruano, Hugo de Zela el fin de semana.

El número de personas que la crisis venezolana arroja hacia por lo menos cuatro de los cinco países denunciantes pone en relieve la insistencia de sus gobiernos para que la Corte Internacional tome parte en los esfuerzos para dar una salida a la crisis, que lleva daños colaterales.

De acuerdo con cifras de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, Colombia es el país con el mayor nivel de recepción de venezolanos; en 2017, Bogotá registró 600 mil llegados.

Chile, en segundo lugar, apareció como un destino emergente entre las opciones de los venezolanos que deciden abandonar su país, al llegar a los más de 119 mil en el mismo periodo.

Y aunque Perú va en tercera posición, de acuerdo con el conteo de la OIM, con poco más de 26 mil 200 llegados, el país reportó un incremento sustancial en los últimos meses, con 3 mil personas diarias, provenientes de Venezuela, que cruzaban sus fronteras.

Argentina, por su parte, llegó a recibir más de 57 mil 127 venezolanos, a pesar de ser, entre los países de la región, el más alejado.

De acuerdo con lo adelantado por el vicecanciller De Zela, en una visita de trabajo en Washington, la misiva, a la que se podría incorporar Canadá, irá acompañada de dos informes, uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en las protestas antigubernamentales entre abril y julio de 2017, y otro que redactó un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el que se concluye que existe un “fundamento razonable” para considerar que 11 individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de las Fuerzas Armadas, supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, podían ser denunciados ante la CPI.

DEMANDA INÉDITA. La demanda de los cinco países latinoamericanos, inédita en los 16 años de historia de la CPI, está encaminada a activar el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, que permite a los Estados miembros denunciar crímenes de lesa humanidad perpetrados en terceros países.

Por iniciativa propia, la Fiscalía de La Haya ya comenzó una especie de examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, que constituye un paso previo a la eventual apertura de una investigación formal.

La denuncia conjunta, sin embargo, no abriría una investigación de manera automática contra Venezuela, ya que ese paso depende de la Fiscalía del tribunal, que actúa de manera independiente.