Considerados delito, pero sin castigo real

Si bien la Ciudad de México clasifica los ataques con ácido con el delito de lesiones en el Código Penal, hasta el momento no hay algún agresor castigado por cometer estos actos, además de que hay órdenes de aprehensión que no han sido cumplimentadas, señaló Alessandra Rojo de la Vega, legisladora que impulsó la reforma que tipificó esta conducta.

El 19 de abril de 2019, Rojo de la Vega presentó en el Congreso de la CDMX la iniciativa para tipificar las agresiones con ácido, mismas que fueron aprobadas en el pleno y publicadas en enero de 2020.

A un año y cuatro meses de su publicación, la legisladora del Partido Verde expuso que las víctimas aún no tienen acceso a la justicia, no tienen acceso al Fondo de Víctimas y tampoco un tratamiento médico adecuado.

“Con el tiempo hemos tenido razón de lo que dijimos hace dos años, de que los ataques se siguen incrementando; no estamos a salvo las mujeres. Entonces, es importantísimo que se regule en todos los estados, que estos ataques sean clasificados en razón de género; son ataques evidentes de odio hacia la mujer, de destruirlas físicamente y económicamente a ellas y a sus familias”, aseguró a La Razón.

Recordó que, en la Cámara de Diputados, hace año y medio se aprobó un punto de acuerdo para que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios realice mesas de trabajo con la industria del ácido sulfúrico y demás productos corrosivos, a efecto de buscar los mecanismos que permitan la regulación de su venta.

A la fecha, la proposición es letra muerta y es un tema que sólo puede trabajarse desde el Gobierno federal, por lo que no podría realizar alguna propuesta en el Congreso capitalino.

La diputada comentó que los ataques en México siguen al alza y es importante que se legisle en todo el país; pero, en el caso de la CDMX, se debe hacer valer la ley vigente, pues de nada servirá seguir legislando si no se le da seguimiento y reparación del daño a la víctima, dijo.

Cuestionada sobre si considera que la legislación actual es suficiente para dar justicia a las víctimas, expuso que en la propuesta original planteó que fueran 20 años de cárcel y no el máximo de 12 que aplica actualmente; pero, por otro lado, sí hay penas de varios años para el feminicidio.