Contra la ley, amnistía para los vándalos: Granados
La carencia de facultades y el planteamiento erróneo de la iniciativa de ley promovida por Morena para dotar de amnistía a cuatro jóvenes detenidos por ataques a la paz pública llevan a concluir la imposibilidad jurídica de esta tentativa, reveló el consejero jurídico de la Ciudad de México (Cejur), Manuel Granados.
“En primer término, hay un tema de inconstitucionalidad porque la ALDF no tiene facultades para dictar una amnistía como es el caso de los Congresos locales. Segundo, una ley debe ser general, no son para un sector determinado de personas y aquí sólo hablan de cuatro personas”, refirió en entrevista.
Y es que, mediante una iniciativa promovida en septiembre del 2015 y aprobada ya por la Comisión de Derechos Humanos en Donceles, el Grupo Parlamentario liderado por César Cravioto pretende liberar de toda acción penal y sanciones al menos a 389 detenidos por ataques a la paz pública, daños a la propiedad y agresiones a elementos de la policía capitalina entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015.
Sin embargo, el discurso de los obradoristas para defender esta legislación se enfoca en cuatro casos específicos. Luis Fernando Bárcenas Castillo, joven de 18 años sentenciado a 18 años de prisión, en diciembre de 2013 al habérsele encontrado culpable de incendiar el árbol de navidad en Paseo de la Reforma tras una protesta. Abraham Cortés Ávila, de 23 años, detenido el 2 de octubre y sentenciado a 13 años y 4 meses de cárcel por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y ataques a la paz pública. Jessi Alejandro Montaño Sánchez, sentenciado a 7 años y 7 meses de prisión por ultrajes a la autoridad y Luis Fernando Sotelo Zambrano es el último de los cuatros casos. El autoproclamado como estudiante de la UNAM fue sentenciado 33 años y 5 meses de cárcel por el Juez 32 Penal por su participación en la toma y quema de un Metrobús y la estación CU.
Al respecto, comentó Granados Covarrubias, los procesos de apelación han concluido en todos los casos y no existe la posibilidad de establecer una extinción de las penas, pues ello contravendría el Código Nacional de Procedimientos Penales.