Deja Gobierno anterior 51 juicios contra CDMX por Verificentros

Después de que la administración pasada dio, sin sustento legal, permisos para operar verificentros en la Ciudad de México, hay 51 amparos vigentes por parte de empresas que podrían integrarse a los establecimientos que brindan este servicio.

Si se ganan los juicios a favor de los demandantes, la capital podría tener hasta 109 verificentros, pues actualmente hay 58 con permiso para operar y hasta el momento, la mayoría de los procedimientos son en pro de las empresas. Por tal razón, no se emitirá nueva convocatoria para otorgar permisos.

En conferencia de prensa, el director general de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente, Sergio Zirath Hernández Villaseñor, declaró que de los 51 procesos, en uno se ordena otorgar autorización para operar, en siete el juez ordena emitir una nueva valoración; 10 juicios más están en última instancia que conceden razón al demandante, 21 en segunda instancia que conceden razón al demandante y seis en última instancia que conceden razón a la Sedema.

Por el número de amparos y la duración que éstos puedan tener, no se puede pensar en emitir una convocatoria para otorgar nuevas concesiones.

“Tenemos muchos juicios abiertos y no hay forma de saber cuántos de estos 51 concluirán con un proceso donde tengamos que otorgar una nueva autorización. Por lo tanto, no hay convocatoria para centros de verificación hasta en tanto no tengamos seguridad de cuántos centros quedarán, cuántas líneas de verificación tendremos y dónde se ubicarán”, dijo.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que todo el proceso por el que se dieron los permisos fue absolutamente desaseado, en algunos casos ni siquiera había documentación.

Además, no había razón para renovar la tecnología de los centros, lo que se realizó a finales de 2017, pues la norma ambiental no lo requería. Hay algunas empresas a las que se otorgaron los permisos que ni siquiera están registradas ante la Entidad Mexicana de Acreditación.

Ante las irregularidades, el Gobierno solicitará la intervención de terceros, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y los resultados de una Auditoría, para determinar las acciones conducentes en cuanto a los permisos.

Hasta no tener los resultados de los juicios legales y de las revisiones, no se pensará en emitir una nueva convocatoria para obtener las concesiones.

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sc