Argumentan que no hubo tiempo para analizar la información que les envió la Fiscalía

Difieren para diciembre audiencia de imputación por colapso en L12

Tras más de 6 horas de diligencia, sólo se designó a los abogados de las víctimas y de los 10 señalados; el extitular de Proyecto Metro no acudió, por presunto Covid-19

El abogado de 22 familias afectadas, ayer, antes de la diligencia judicial.
El abogado de 22 familias afectadas, ayer, antes de la diligencia judicial.Foto: Cuartoscuro
Por:
  • Frida Sánchez

Acinco meses y 22 días del colapso en la Línea 12 del Metro, en el que 26 personas perdieron la vida, este lunes tuvo lugar la primera audiencia contra los 10 exfuncionarios que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló como posibles responsables; sin embargo, sin que se realizara alguna imputación, la audiencia para este fin fue diferida para diciembre.

Aunque se prevé imputar los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad a los señalados, todos culposos, las víctimas de la tragedia lo que buscan es que se vaya contra las empresas responsables de la construcción de la obra y no únicamente contra personas físicas, advirtió ayer la defensa legal de los afectados.

Luego de más de seis horas de diligencia y un receso de aproximadamente 30 minutos, únicamente se designó a los abogados tanto de las víctimas del colapso como de los exfuncionarios señalados.

Se prevé que el viernes 3 de diciembre, justo cuando se cumplen siete meses de ocurrido el desplome, sea la continuación de la audiencia en la que se podría imputar a los señalados, entre los que se encuentran el extitular de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, quien no acudió a la comparecencia de ayer, presuntamente tras argumentar síntomas de Covid-19.

Aspecto de la zona cero, meses después del colapso que le costó la vida a 26 personas y heridas a 98.Foto: Cuartoscuro

Entre los señalados también se encuentran dos exfuncionarios de la administración actual de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), quienes fueron retirados del cargo la semana pasada debido a las investigaciones del caso.

Al término de la comparecencia, el abogado de las víctimas, Christopher Estupiñán, calificó la audiencia como “de mero trámite” y detalló que fue aplazada debido a que los abogados de ambas partes argumentaron que no hubo tiempo suficiente para analizar la información del caso que les envió la Fiscalía capitalina.

“Nos dieron acceso como usuarios a un sitio web en una nube, pero es muy complicado descargar los documentos. Tanto la defensa como la asesoría jurídica coincidimos en que no hemos tenido tiempo suficiente para poder revisar todas las constancias”, advirtió.

Más temprano, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino, donde se llevó a cabo la diligencia, el abogado de 22 de las familias afectadas por el desplome señaló que no están de acuerdo con la investigación del caso, ya que no se implicó a ninguna de las empresas responsables del colapso, pues sólo se ha señalado a “personas responsables de la administración”.

Asimismo, advirtió que no están de acuerdo con el fondo para las víctimas que anunció la Fiscalía capitalina —al cual aportará la empresa CICSA, de Grupo Carso, señalada por el órgano de justicia—, toda vez que los afectados “no están buscando limosnas”, sino que se señale a las empresas responsables de la construcción.

“Están pretendiendo, inicialmente, señalar a probables responsables que tuvieron que ver con la administración; no hay ningún señalado de las empresas todavía y tampoco estamos del todo de acuerdo con el tema del fondo”, aseguró a medios de comunicación, a su llegada al recinto.

Asimismo, anunció que presentarán una denuncia formal en contra de las empresas responsables para que “den la cara”, con el fin de que participen de manera conjunta en la reparación del daño a las víctimas de la tragedia del 3 de mayo, en la que 26 personas murieron y 98 resultaron heridas.

En ese sentido, destacó que exigirá una multa por 24 mil 500 millones de pesos para las empresas que participaron en la construcción de la llamada Línea Dorada, así como una “sanción ejemplar” que genere consecuencias en toda la industria de la obra pública, para evitar que una “desgracia” como la de hace casi seis meses se repita.

“Las empresas quieren buscar un fondo en el que se les garantice que no va a haber el ejercicio de ninguna acción civil, ni penal, ni administrativa, posterior. Pero eso, ¿qué implica? Implica ahorrarse un juicio, una sanción, una multa, con base en sus ingresos de 24 mil 500 millones de pesos o la no participación en obra pública”, expresó, ante medios de comunicación.

Durante el receso de 30 minutos, el abogado acusó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno capitalino, de presionar y revictimizar a los afectados, toda vez que se quejaron de que se les brinde representación legal privada.

“No sé cuál sea el interés de que las personas no tenga asesoría legal privada y, la verdad, el comisionado es fiel creyente de que las personas solamente merecen una indemnización y esa indemnización va a ser la que él designe; no es fiel creyente de que aquí hay muchas vías y muchos responsables”, dijo.