Diputados capitalinos eliminan el “Veto de Bolsillo”

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur), queda obligado a partir de este día a publicar en un plazo máximo de treinta días hábiles en la Gaceta Oficial las leyes y modificaciones aprobadas por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en caso de no haber observaciones.

Con las reformas a la Leyes Orgánicas y de Administración Pública del Distrito Federal aprobadas por los diputados locales el pasado 05 de mayo, el Jefe de Gobierno cuenta con este plazo como máximo para hacer observaciones a toda ley o modificación aprobada por el Pleno, en caso contrario, el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea podrá ordenar su publicación en la Gaceta Oficial en los treinta días hábiles siguientes.

Lo anterior, sin que se establezca diferencia entre la Diputación Ordinaria y la Diputación Permanente para dar cumplimiento a esta disposición.

“Las leyes o decretos que expida la Asamblea Legislativa se remitirán para su promulgación al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien podrá hacer observaciones y devolverlos dentro de treinta días hábiles con esas observaciones, a no ser que, corriendo este término, hubiese la Asamblea cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día hábil en que la Asamblea se reúna. De no ser devuelto en este plazo, se entenderá aceptado y se procederá a su promulgación por ministerio de ley, donde el Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa ordenará dentro de los treinta días hábiles siguientes su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, sin que se requiera refrendo. Este último plazo no se interrumpirá por la conclusión de los periodos ordinarios de sesiones, debiendo cumplirse, en todo caso, por el Presidente de la Diputación Permanente”, establece la modificación publicada al Artículo 92 de la Ley Orgánica de la ALDF.

Al parecer de José Manuel Delgadillo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN), la facultad del Ejecutivo local resultaba excesiva en detrimento del Legislativo, además de impedir que se decretaran los acuerdos alcanzados por las diversas fuerzas parlamentarias.

“Muchas iniciativas tuvieron un proceso de debate, de discusión, de ponernos de acuerdo entre grupos parlamentarios y que al final de nada servía porque el jefe de Gobierno determinaba guardarlas en un cajón. Estoy muy contento, porque logramos el consenso de las fuerzas políticas que integramos la ALDF, porque por unanimidad fue aprobada esta propuesta con el apoyo de los 66 diputados que integramos esta Legislatura”, destacó.

Aunque dentro de las modificaciones no se establece el carácter de retroactividad para las 69 leyes y modificaciones pendientes de las 268 totales determinadas por el Pleno durante la VI Legislatura, para el legislador de Morena, Alfonso Suárez del Real, Miguel Ángel Mancera podría atender el llamado a dar salida a las mismas bajo la perspectiva de la voluntad política.

“Yo diría que aquí parte uno del principio de que toda ley que sea benévola o benéfica al ciudadano o a la comunidad, le aplica la retroactividad de un acto como del que estamos hablando, ese es un principio jurídico que es fundamental. Cuando es en sentido contrario, cuando es un endurecimiento de penas o ese tipo de cosas que pueden ser contrarias a la comunidad o al individuo, entonces sí la irretroactividad de la ley tiene una vigencia y una aplicabilidad, pero cuando es benéfica, la autoridad, en este caso, el poder Ejecutivo tendrá que ponderar y valorar todo aquello que tenía detenido, si es en beneficio de la comunidad y el individuo podrá aplicarle tal situación”, asentó.

Fernando Zárate, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), refirió que el Jefe de Gobierno decidió publicar este decreto que reitera el poder de la Asamblea Legislativa, por lo que celebró el reconocimiento que da Mancera Espinosa a los representantes de la ciudadanía.

“México ha cambiado, la Ciudad de México ha cambiado y el Jefe de Gobierno decidió no aplicar el veto a esta reforma en contra del Veto de Bolsillo”, consideró.

Contrario a lo sostenido por Suárez del Real, Zárate Salgado afirmó contundente que no existe la posibilidad de un carácter retroactivo para la eliminación del Veto de Bolsillo.

“Sólo aplica para las que se publican desde el día de mañana porque el proceso legislativo es el que cambia, no sólo una disposición. Al modificarse el proceso legislativo sólo puede aplicarse a las iniciativas que se aprueben desde el día siguiente. Esto es una disposición constitucional que no puede modificarse”, asentó.

Respecto del periodo de treinta días que tienen tanto el Ejecutivo como el Legislativo –por medio del presidente de la Mesa Directiva- para ordenar la publicación de las leyes, subrayó que este periodo no tiene mayor importancia en tanto que todo lo que no pueda revisarse en ese periodo no merece una mayor discusión.