Critican propuesta de Morena que ataca a la propiedad inmobiliaria

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una propuesta para modificar el Código Civil y proteger en situaciones de emergencia como la pandemia de Covid-19 a quienes rentan; sin embargo, los dueños de los inmuebles aseguran que perderían facultades para exigir garantías de pago.

La iniciativa despertó reacciones negativas no sólo de la oposición, sino también de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Ciudad de México, que acusa que violaría sus derechos, pues consideró que es excesiva e ilegal.

“Si bien la pandemia ha ocasionado atrasos en alquileres e hipotecas de viviendas, en ningún momento han representado amenaza alguna de desalojo forzoso”, aseguró la AMPI.

Añadió que la propuesta tiene un límite en cuanto a su interpretación y aplicación, pues podría ser violatorios de otras garantías constitucionales, como el derecho a la seguridad jurídica de los arrendadores.

Sobre la pretensión de que el contrato de arrendamiento sea de al menos por tres años, para darle al inquilino un sentido de posesión de mediano plazo, opinan que pone al arrendatario en desventaja ante la necesidad de migrar.

“Vuelve a transgredir el espíritu del libre mercado y la máxima de que el contrato debe ceñirse a la suprema voluntad de las partes”, argumentan.

El proyecto, presentado el 8 de julio, perfila una modificación al artículo 2406, la cual señala que la ausencia de contrato escrito impedirá que pueda hacerse un desalojo, aunque haya adeudos.

Otro de los cambios agrega un BIS al artículo 2425 BIS, para incluir una lista de derechos del arrendatario como, por ejemplo, que no se le exija más de un mes de anticipo y que el depósito de garantía no supere el precio del primer mes de renta.

Es derecho de los arrendatarios, según la iniciativa, no ser víctimas de desalojos arbitrarios, ilegales o forzosos y, en caso de desocupaciones o lanzamientos ordenados judicialmente, deberá notificarse de la diligencia dos meses antes.

Y en el artículo 2431 BIS apunta una reforma para que “en caso de emergencia nacional, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental o natural, así como cualquier otra situación de fuerza mayor que paralice las actividades económicas e impida al arrendatario el cumplimiento del contrato, podrá solicitar al arrendador la renegociación transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento”.

A decir del partido político, el documento, elaborado en colaboración con asociaciones vecinales y presentado el 8 de julio a la Mesa Directiva del Poder Legislativo, pretende proteger a los habitantes de cualquier circunstancia que pueda dejarlos sin un lugar para vivir, en el marco de situaciones como la pandemia de Covid-19.