Inmobiliarios la rechazan

Morena polemiza con ley que perdona rentas a comercios por Covid

Plantea que dueños de locales no puedan cobrar la cuota completa a negocios en medio de la contingencia sanitaria; proyecto es improcedente y no pasará, dicen representantes de arrendatarios

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Una pareja pasa cerca de un local del centro, cerrado por la crisis, ayer.Foto: Cuartoscuro
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Diputados de Morena en CDMX volvieron a polemizar con una iniciativa de ley en materia de arrendamiento que plantea que dueños de locales se vean impedidos de cobrar la renta completa a negocios que sufren los embates de la pandemia del Covid-19; el proyecto, que aún está en comisiones, ya recibió el rechazo del sector inmobiliario.

En medio de la reactivación económica de la CDMX y después de que muchos negocios tuvieron que bajar su cortina porque ya no pudieron pagar la renta, el Congreso capitalino analiza que, en caso de acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fuesen posibles de prever, como la crisis sanitaria actual, los arrendadores de espacios comerciales no puedan exigir el pago de la renta en su totalidad, sólo parcialmente y por concepto de almacenaje.

De esta manera, no procedería la rescisión por incumplimiento de pago, pues el contrato deberá atender razones de fuerza mayor, casos fortuitos o emergencias sanitarias.

También busca que cuando la situación extraordinaria de emergencia ponga en estado de insolvencia al arrendatario, éste podrá pedir la terminación anticipada del contrato después de dos meses a partir de que se declare insolvente.

La iniciativa dice que cuando el negocio se vea obligado a cerrar por instrucción de la autoridad, entonces podrá solicitar la reducción del pago de la renta, porque no quiere decir que se va de vacaciones o que le dio flojera y cerró, sino que tiene que cumplir con una disposición oficial

Ricardo Fuentes, Diputado promovente

“Cuando el caso fortuito, fuerza mayor, emergencia sanitaria o declaratoria de emergencia ponga en estado de insolvencia al arrendatario, éste deberá notificar al arrendador a partir de la consumación del estado de insolvencia para que se le otorgue un plazo de dos meses, mismos que no causarán renta”, dice la iniciativa.

El morenista Ricardo Fuentes, diputado promovente, explicó que si bien esto aplicaría directamente por la pandemia, también atendería casos de fuerza mayor en los que la autoridad obligue al cierre de negocios.

En entrevista para la Razón, señaló que, en los arrendamientos de vivienda, la gente busca cómo pagar la mensualidad; pero en el caso de los comercios, el pago depende de sus ventas y de la productividad que tengan.

Además, expuso que si la autoridad sanitaria instruye al negocio a que cierre, el comerciante se queda sin posibilidades de trabajar y si no paga la renta, debe cerrar.

El legislador comentó que el Código Civil de la CDMX ya establece que cuando un negocio tiene problemas de solvencia para pagar el arrendamiento, por razones fortuitas, puede solicitar que no se le cobre dos meses o que se haga un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario.

la propuesta es improcedente, ya que los contratos de arrendamiento constan de la voluntad de las dos partes, el arrendador y el arrendatario; es decir, que debe cumplirse tal cual se firma y, si alguno no lo hace, el que debe determinar qué pasa es el juez

Salvador Sacal, Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios

“La iniciativa dice que cuando el negocio se vea obligado a cerrar por instrucción de la autoridad, entonces podrá solicitar la reducción del pago de la renta y lo ideal sería que pagara la parte proporcional al año de lo que corresponda al tiempo que se vio obligado a cerrar, por orden de la autoridad, porque no quiere decir que se va de vacaciones o que le dio flojera, sino que tiene que cumplir con una disposición oficial”, afirmó el legislador.

De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Generado por Covid-19 en las empresas (ECOVID-IE segunda edición 2020), dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en diciembre pasado, hasta septiembre se habían perdido 49 mil 700 unidades económicas en la capital. Coparmex ya estimaba que, de continuar los cierres, el año pasado cerraría con 59 mil empresas perdidas.

Salvador Sacal, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), señaló que la propuesta del diputado de Morena es improcedente, ya que los contratos de arrendamiento constan de la voluntad de las dos partes, el arrendador y el arrendatario; es decir, que debe cumplirse tal cual se firma y si alguno no lo hace, “entonces el que debe determinar qué pasa es el juez”.

“Hasta donde tenemos entendido, la comisión dictaminadora ni siquiera la ha discutido, parece que no la van a aprobar. Ya lo intentaron el año pasado, una reforma al Código Civil y se les olvida que eso ya está incluido, lo de los casos fortuitos”, dijo.

El empresario detalló que, aunque la ley actual permite al arrendatario pedir

la rescisión del contrato si por más de dos meses no puede hacer uso de la cosa arrendada, en el caso de comerciales, ellos no dejan ir tan fácil lo que invirtieron.

“Alguien que tiene una inversión de millón y medio de pesos en un negocio y que estuvo cerrado seis, siete u ocho meses desde que abrió, ¿creen que va a desperdiciar y a perder la inversión que hizo?”, cuestionó Sacal.

“Digo, si son mesas de escritorio, pues es fácil llevarse las cosas; pero ya quiero ver al que le metió 20 mil o 30 mil pesos en arreglar, que se lleve las reparaciones, ¿qué van a hacer? ¿Destrozar el techo? No es así cuando le inviertes al local”, dijo.