Perfilan en CDMX penas de hasta 9 años de cárcel por ciberacoso a mujeres

Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México ya tienen un proyecto de dictamen que contiene las reformas que buscan tipificar y castigar la violencia digital contra la mujer.

Sin embargo, disminuye las sanciones respecto a la propuesta de la “Ley Olimpia”, impulsada por el Frente Nacional por la Sororidad, al pasar de una pena máxima de 12 años a nueve (tres menos) por difusión de contenido íntimo sin consentimiento, mientras que la multa se reduce de dos mil a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

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Después de la integración de 12 iniciativas por parte de representantes de todas las fracciones parlamentarias, la propuesta crea el Capítulo VII, Contra la intimidad sexual, en el Código Penal; asimismo, agrega la violencia digital como agravante en los delitos de acoso sexual y extorsión.

De acuerdo con el texto, quien videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño podría tener una pena de cuatro a seis años de prisión y multa de quinientas a mil UMA.

Lo mismo aplica para quien difunda dicho material, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales u otro medio tecnológico.

El capítulo descrito en el dictamen tiene una lista de agravantes que aumentan la pena en una mitad, entre ellos cuando la víctima tenga algún tipo de vínculo con el agresor, si éste es funcionario público o la víctima es de la tercera edad; así, la pena podría llegar hasta los nueve años de cárcel.

Esto es tres años menos que  en la propuesta de la iniciativa llamada Ley Olimpia, por el nombre de su impulsora, Olimpia Coral Melo, la cual perfilaba penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de mil a dos mil UMA en la Ciudad de México; con agravantes, la pena máxima podía ser de hasta 12 años.

Para el delito de acoso sexual, el dictamen propone agregar un artículo 179 BIS para imponer de dos a cinco años de prisión y de 48 a 200 horas de trabajo comunitario a quien “haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona menor de 18 años de edad, a quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o a persona que no tenga capacidad para resistirlo, y le requiera imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual o le solicite un encuentro sexual”.

El trabajo comunitario es un castigo que no aprueban las organizaciones civiles que combaten la violencia contra las mujeres.

La modificación al artículo 209, que se refiere a amenazas, señala que la pena se agravará al triple cuando este hecho consista en amagar con difundir el material de contenido sexual. En ese caso, las penas de cárcel podrían llegar a los tres años, ya que el delito de amenazas amerita de tres meses a un año de cárcel.

El dictamen de comisiones unidas también agrega conceptos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para incluir a la violencia digital en el artículo 7, que habla de las modalidades de violencia. De la misma ley, en el artículo 63 que habla de las medidas u órdenes de protección para las mujeres violentadas se incluye “la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios, videos de contenido sexual íntimo de una persona, sin su consentimiento; de medios impresos, redes sociales, plataforma digital”.

Pese a que la fundadora del Frente Nacional para la Sororidad —que contabiliza en la capital mexicana 57 casos de violencia contra la mujer a través de medios digitales este año— Olimpia Coral Melo es una de las principales impulsoras de esta regulación, el dictamen elaborado en el Congreso no la menciona como antecedente para crear la propuesta.

La última reunión que el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, tuvo con dicho frente, fue el 17 de noviembre.

De acuerdo con la diputada local de Morena, Paula Soto, el dictamen podría someterse a votación hoy. Apenas el martes pasado, la Cámara de Diputados  aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia, que incluye la violencia digital, pero no modificó el Código Penal federal.