Por juicio, GDF adeuda 51 mdp

Por juicio, GDF adeuda 51 mdp
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Por Nayeli Gómez

El Gobierno del Distrito Federal perdió un juicio laboral de más de 51 millones de pesos por haber destituido de sus funciones a 59 trabajadores de la administración capitalina, a quienes les ha negado el pago en cinco ocasiones.

De acuerdo con la sentencia otorgada por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en 2007, el GDF debió cumplir el laudo perdido el 30 de septiembre de ese año con número de expediente 4255/02, sin que hasta el momento las autoridades hayan atendido el fallo en su contra.

El laudo a favor de los 59 trabajadores de la Comisión de Aguas del DF cada año genera un adeudo por 609 mil pesos, y desde la determinación el gobierno capitalino ha sido requerido y visitado por representantes del Tribunal Superior en cinco ocasiones para que indemnice a los trabajadores.

Debido a la negativa del gobierno local, los demandantes dieron vista al Ministerio Público de la Federación, por lo que el Jefe de Gobierno y los titulares de la Consejería Jurídica, la Dirección de Servicios Legales y la Secretaría de Finanzas son investigados por “posible comisión de delito de desobediencia” previsto en el artículo 183 del Código Penal Federal, cuestión que fue notificada el 20 de agosto pasado por el representante de los afectados.

Además de lo costoso que resultará la demanda laboral perdida, el Tribunal dio vista a la Contraloría General del DF para que establezca la responsabilidad de cada uno de los demandados, debido a que desde hace casi dos años se falló a favor de los ex empleados.

“Se instaure el procedimiento disciplinario por incumplimiento a sus obligaciones y determine la responsabilidad de su servidor público responsable, haciendo hincapié en la gravedad de su reiterada conducta, dado que no ha cumplido con el laudo”, señala el documento entregado por los agraviados a La Razón.

En entrevista, los afectados lamentaron que las autoridades locales no cumplan con la ley y subsanen las pérdidas económicas que han tenido sus familias por el largo proceso legal que han seguido desde 2002, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando los 59 demandaron la indemnización correspondiente, que actualmente alcanza los 868 mil pesos por trabajador.

fdm