Senado amaga con ir a la SCJN contra ley de vivienda capitalina

El Senado de la República advirtió que de publicarse la Ley de Vivienda de la Ciudad de México (CDMX), que establece un nuevo impuesto a la venta de casas y departamentos, interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Hay elementos suficientes para presentar una controversia constitucional y que sea el alto tribunal quien determine lo que proceda en derecho sobre la reciente decisión de la Asamblea.

“Hemos detectado que la nueva ley afecta los derechos constitucionales de los contribuyentes y pequeños propietarios de la ciudad, independientemente de la invasión a las competencias constitucionales propias del Congreso de la Unión”, expuso el presidente del Senado, Pablo Escudero.

“Esto se traduce, en realidad, en una doble tributación sobre la propiedad inmobiliaria, lo que contraviene el sistema de coordinación fiscal e invaden las competencias del Congreso”, apuntó.

En este sentido, el legislador pevemista urgió vetar el artículo 94 de la Ley de Vivienda para evitar cientos de amparos por su inconstitucionalidad.

Este precepto establece “que el gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas”.

Expresó que de acuerdo con los “análisis puntuales que hemos realizado, detectamos que la nueva Ley de Vivienda vulnera el derecho constitucional a la propiedad privada, generando inseguridad jurídica.

“Igualmente, se afectan las garantías tributarias de los contribuyentes de la ciudad, mediante la imposición de mecanismos confiscatorios que carecen de toda proporcionalidad tributaria, lo que se traduce, en la realidad, a una doble tributación sobre la propiedad inmobiliaria, contraviniendo el sistema de coordinación fiscal e invadiendo las competencias del Congreso de la Unión”.

Destacó que es importante que los habitantes de la Ciudad de México sepan que no se permitirá vamos a permitir “dicha arbitrariedad”.

El pasado 6 de diciembre, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó con 34 votos a favor, 21 abstenciones y cero votos en contra las reservas de la nueva Ley de Vivienda, que entre otros aspectos, fija el valor de las casas de interés social en un monto cercano a los 400 mil pesos y la de interés popular entre 400 mil y 650 mil pesos.

Este ordenamiento establece la creación de “una bolsa de suelo” que se conforme con predios baldíos, construcciones abandonadas, inmuebles con uso distinto a la vivienda, viviendas en condiciones de alto riesgo estructural, así como por cualquier otro inmueble aprovechable, para la construcción de vivienda popular nueva.

En su artículo 97 cita que la Secretaría y el Instituto de la Vivienda (Invi) podrán proponer expropiación de áreas, predios, y/o inmuebles por causa de utilidad pública para el Programa Institucional de conformidad con el Programa de Desarrollo Urbano.

Leonel Luna afirma que es legal

El presidente de la Comisión de Gobierno dijo que no hay riesgo de inconstitucionalidad; afirma que no se están creando impuestos

Redacción La Razón

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada, aclaró que no hay ningún riesgo de inconstitucionalidad en la nueva Ley de Vivienda de la Ciudad de México, recientemente aprobada por el pleno del órgano legislativo.

Recordó a Pablo Escudero, presidente de la mesa directiva del Senado de la República que en días pasados anunció con la diputada priista Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda, que volverían a redactar el artículo 94 que generó alguna confusión pero que no pretendió jamás cobrar alguna tasa impositiva.

Manifestó su extrañeza porque el senador Escudero conoce a fondo el método legislativo, ya que la Ley de Vivienda de la Ciudad de México se encuentra aún en una etapa de revisión por la Consejería Jurídica local y están en pláticas para volver a redactar dicho artículo.

Consideró que no existe elementos para declarar una acción de inconstitucionalidad porque no se están creando impuestos y la declaración del senador está fuera de lugar.