Por torre de presa Anzaldo, van denuncias penales contra ex funcionarios de la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México va por sanciones penales contra funcionarios de la administración anterior, tanto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como de la entonces delegación Álvaro Obregón, por la construcción de la torre ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 3042, zona conocida como presa Anzaldo, informó la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo.

La administración local arrancó la demolición del inmueble que ya contaba con 75 por ciento de avance, con 23 metros de sótano y 18 niveles hacia arriba. Hasta el momento, la empresa no ha pagado la multa de 61 millones de pesos que se le impuso por parte de la Secretaría del Medio Ambiente local ni ha asumido los costos de demolición.

En conferencia de prensa vía remota, la mandataria local explicó que había un juicio de suspensión en el Tribunal Administrativo sobre la obra, mismo que llegó a su fin y fue la manera en que la administración local pudo entrar al predio para demoler.

“Hay juicios de lesividad en curso y también juicios penales o denuncia penal por parte de la PAOT (Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial) que está dándole seguimiento la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y pues seguirá en curso la demolición.

“Siempre el particular tiene algunas otras opciones jurídicas; pero esperamos que los jueces, dada toda la información y la base de sustento que tiene este caso pues permitan realmente que se siga con este procedimiento que marca un antes y un después en estos procesos de corrupción que se dieron en la administración pasada”, dijo.

La empresa constructora deberá pagar un monto acumulado de 91 millones de pesos. Por un lado, está la multa de 61 millones de pesos por el proyecto en sí y otros 30 millones por la demolición.

El titular de la Consejería Jurídica de la CDMX, Néstor Vargas, indicó que la empresa tuvo 15 días para iniciar la demolición, tras ser avisada de la ilegalidad de la construcción; sin embargo, la compañía no cumplió, razón por la que entró la autoridad a hacerla.

El Gobierno local le cobrará a la empresa los costos de la demolición y de la multa a través de un crédito fiscal.