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Familiares marchan en Guerrero, el pasado 1 de septiembre. Foto: c Cuartoscuro
Familiares marchan en Guerrero, el pasado 1 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

un par de días de que se cumplan cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el titular de la Oficina Especial del Caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Trinidad Larrieta, aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) debió dar un giro a la investigación, con cuatro informes que son clave para encontrar el camino a la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

“En esos reportes hay una serie de observaciones y propuestas que le hicimos a la PGR, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a la Fiscalía de Guerrero y al municipio de Iguala; y que es lo mínimo que tienen que atender si quieren encontrar el camino a la verdad”, dijo en entrevista para La Razón.

Entre los documentos que entregaron, detalló que “en el segundo informe planteamos a la PGR una segunda ruta de desaparición desde el puente del Chipote, donde fue interceptado otro autobús donde venían de 15 a 20 estudiantes. Ahí fuimos la única instancia que ha referido la participación de al menos dos policías federales, quienes estuvieron de acuerdo en la detención de los estudiantes, que fueran llevados a Huitzuco y entregados a El Patrón, líder de una organización criminal, quien decidiría su destino.

Además, recordó que la CNDH determinó que en el caso de Julio César Mondragón, “en el que se dijo que le retiraron la piel del rostro como un mensaje entre grupos criminales”, no hubo desollamiento, sino que fue una intrusión de la fauna nociva después de ser brutalmente asesinado, pues fue objeto de más de 60 fracturas en todo el cuerpo: “la CNDH acreditó que Mondragón fue objeto de tortura y revictimizado, y tampoco se dio seguimiento a esta línea”.

Asimismo, denunció que de las 47 observaciones que han entregado, hasta el momento la PGR sólo ha dado respuesta a 10, 29 siguen en vía de atención y han hecho caso omiso en las ocho restantes.

“Es fundamental que la PGR, en la parte de la investigación específicamente, atienda esta serie de recomendaciones que le hemos hecho. Ahí está marcada la ruta que debe seguirse, si es que se quieren esclarecer los hechos”, afirmó.

José Trinidad Larrieta explicó que el primer informe fue publicado en julio de 2015 y entre las recomendaciones destacan obtener la georreferenciación de los celulares de los estudiantes, estudios de química, biología, balística, genética, antropología y odontología forense, mismas que ya fueron atendidos.

Sin embargo, advirtió que en los otros tres reportes, emitidos el 14 abril de 2016, 11 de junio de 2016 y 18 junio 2018, existen pendientes importantes.

Larrieta concluyó que en el caso Iguala “se ha venido institucionalizando la impunidad” y que, con el último informe de la CNDH, las investigaciones de la PGR tuvieron que dar un giro.

“Esto será una gran deuda de este gobierno, porque no se habrá concluido, no se habrán esclarecido los hechos; no sabemos todavía cuál fue el destino de los 43 estudiantes. Es lamentable que a cuatro años aún no se haya esclarecido en su totalidad”, expresó.