Cobrones

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Quienes realizan un trabajo profesional para alguna institución pública se convierten, una vez concluida su labor, en una bola de cobrones incómodos. Una cosa es trabajar y ganarse a pulso los billetes, y otra muy distinta cobrar lo devengado. No hay al parecer una norma única: cada dependencia, si no es que cada contador, paga a su manera. Lo común es que nos pidan inscripción a Hacienda, RFC, CURP, estado de cuenta bancaria, comprobante de domicilio, currículum e identificación oficial. Hay lugares en los que aún se solicita un documento que acredite no tener antecedentes penales o bien un certificado de estudios. En otros se requiere una carta, bajo protesta de decir verdad, que asegure que el abajo firmante no tiene, ha tenido ni tendrá relación profesional, familiar, personal, amorosa, laboral o de negocios con los servidores públicos de la dependencia pagadora. Hace poco tuve que darme de alta como “proveedor” del gobierno de la Ciudad de México para cobrar mis servicios como jurado de un concurso de cuentos. Para completar el trámite, el banco debería validar mis datos. Sin embargo la institución bancaria en la que tengo mi cuenta no tiene permitido estampar su sello ni hacerme una carta que diga que yo soy yo y que mis señas son mis señas: número clabe, nombre, dirección, sucursal, etcétera. Si quería cobrar tendría que abrir una cuenta en otro banco.

En pocos lugares el trámite para recibir un pago acordado —una vez reunidos los documentos exigidos— dura unos cuantos días. En la mayoría, los tiempos son de semanas y meses. Muchas empresas privadas se han contagiado de la burocratitis e imponen sus reglas: aquí solo pagamos los terceros miércoles de cada mes de cuatro a seis de la tarde. E incluso hacen su propia interpretación de la Ley del Impuesto sobre la Renta según les conviene: en una editorial de las grandes, a las regalías por derechos de autor se les retiene la misma tasa impositiva que a quien los provee de papel de baño. No les importa en lo absoluto que el resto de empresas editoriales no lo hagan. Para ellos no hay exención tributaria a los autores a pesar de que la ley diga lo contrario. La idea es sobre todo retrasar los pagos, que en términos vulgares significa “jinetear” el mayor tiempo que se pueda nuestro dinero. La otra excusa de las dependencias de gobierno para no pagar en un lapso razonable es que el presupuesto aprobado por diputados y senadores suele empezarse a ejercer hacia el segundo semestre (y claro, en diciembre hay que gastarse todo rápido porque si no hay recortes). Hace poco un amigo cobró en la SEP un año y medio después de haber concluido el trabajo que le encomendaron.

Detrás de este exceso de papeleo y burocracia hay una razón de peso y de paso: el combate a la corrupción. Supone el SAT que poner tantas condiciones para cobrar va a frenar el nepotismo, los cochupos, las aviadurías, el cohecho, el soborno y la transa. Ja. De pronto resulta que todos debemos ser policías fiscales porque todos somos presuntos defraudadores. Ja. Otro más de los documentos que se suelen pedir para poder cobrar es una “constancia de situación fiscal”. O sea: si estamos al tanto del pago de nuestros impuestos podemos trabajar y recibir a cambio una cantidad que lo compense. Si no, el empleo informal, que no paga impuestos, está en el horizonte inmediato. El profesionista que percibe sus ingresos por concepto de honorarios en realidad paga con tiempo de espera lo que otros ganan en estabilidad financiera expedita. Van y vienen gobernadores y alcaldes, líderes sindicales, dirigentes de partidos políticos y funcionarios de todos los niveles con las bolsas llenas de dinero robado sin que nadie les pida siquiera una identificación o una constancia de haber cursado la primaria. O empresarios que contratan a despachos de contadores y abogados que hacen que sus cuentas parezcan legales o que deduzcan de sus impuestos lo que otros no podemos.

¿Cobrar o no cobrar? ¡Está cobrón hacerlo!

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