Actuar para la galería

La sociedad mexicana lleva mucho tiempo polarizada. Esta división se refleja en las actitudes de diferentes grupos respecto a temas de interés público.

Sea que la discusión se refiera a asuntos económicos, como la negociación del TLCAN, o sociales, o como los homicidios contra mujeres, nuestro debate público oscila entre los extremos. La agenda de derechos humanos no escapa a esta dinámica. Y el ejemplo más claro es la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Desde hace varios lustros, las Fuerzas Armadas intervienen en labores de seguridad pública; concretamente, combaten a los cárteles del narcotráfico. La entrada en vigor de la ley permitirá contar con un procedimiento que regule la actuación de soldados y marinos en tareas de seguridad pública. La intervención de los efectivos militares, previa solicitud de los congresos locales o de los gobernadores de las entidades federativas, requerirá que el Presidente de la República haga una declaratoria e informe de ello al Congreso federal y a la CNDH. La participación de las Fuerzas Armadas tendrá un límite de un año, que podrá ser prorrogable.

Frente a esta legislación, medios de comunicación y redes sociales han difundido versiones que señalan su aprobación como la imposición de una ley marcial y el establecimiento de un régimen autoritario militarizado. Bajo una lógica difícil de seguir, quienes están por el No prefieren que la intervención militar carezca de un marco legal; esto es, normas que lo limiten, estableciendo así condiciones para su ejercicio.

El Ombudsman nacional se ha unido al coro opositor. En menos de veinte días, la CNDH ha emitido siete comunicados en los que expone una posición contraria a la ley. También ha advertido que, una vez publicada por el Ejecutivo, interpondrá una acción de inconstitucionalidad. Esta toma de posición es singular. Primero, porque si hay una institución que cuenta con los elementos para entender a profundidad las consecuencias de carecer de una ley regulatoria de la labor del Ejército y la Marina en materia de seguridad pública es la CNDH. Ahí están las Recomendaciones emitidas en contra de ambas instituciones en los últimos 15 años. Pero no sólo eso. A diferencia de otros críticos, el Ombudsman tiene entre sus facultades, la de proponer a las autoridades los cambios y modificaciones legislativos que redunden en una mejor protección de los derechos humanos. En los tres años de gestión del actual titular, la CNDH ha sido omisa para proponer una legislación que, ante la carencia de policías profesionales, establezca límites a las Fuerzas Armadas y se preserven los derechos humanos. Quienes manifiestan su preocupación respecto a la vigencia de los derechos humanos en el país bien podrían dirigir su atención al funcionamiento de la CNDH. Hace unos días emitió la Recomendación 66, justo ocho años después de interpuesta la queja. Al unirse a quienes claman que la Ley de Seguridad Interior es una “ley golpista”, el Ombudsman federal actúa para la galería, buscando desviar la atención de los escasos resultados de su gestión.

Este articulista tomará unos días de descanso, reanudando sus colaboraciones el próximo 10 de enero.