Agenda mínima para después de las elecciones

Una vez que ya se conocen los resultados de las elecciones del 5 de junio, el panorama deja a los actores políticos con diversas agendas por enfrentar. Aquí un análisis:

 No entienden que no entienden. Al conocerse el revés electoral, la reflexión coordinada del gobierno, su partido y su aliado fue la de que había que “escuchar el mensaje de las urnas”. Pero no: el PRI y el Verde se mantuvieron en lo mismo. Si bien en el Senado se aprobó —esto se reconoce— un primer paquete de leyes vinculadas con el Sistema Nacional Anticorrupción, de nueva cuenta la coalición legislativa del gobierno, con argumentos poco convincentes, se negó a aprobar los formatos para la presentación de declaraciones de la Ley de Responsabilidades (o “#Ley3de3”). Dejaron pasar la oportunidad para que quedara ya en la ley la exigencia del tipo de información que tendría que ser del alcance público. En cambio, trasladaron la responsabilidad a un comité ciudadano que tendrá que proponer los formatos para que sean aprobados por un consejo coordinador.

No entendieron que cualquier intento por relajar los estándares propuestos por las organizaciones de la sociedad civil —encabezadas por Transparencia Mexicana e Imco, entre otras— no podrá tener otra lectura que la negativa a asumir un compromiso con la agenda de transparencia y profundizar la percepción de que la corrupción les es genéticamente adherente.

 Flancos abiertos. Presenciamos la inusual protesta de un sector de la iniciativa privada. Desde la época de Luis Echeverría no había tal pugna del sector empresarial con el régimen. Ello dio lugar a que, en aquel entonces, el sector se nucleara, dando lugar al Consejo Coordinador Empresarial. La narrativa del PRI-Verde para repartir responsabilidades fue proponer que la iniciativa privada presentara declaraciones con exigencias similares a las de los servidores públicos, bajo el argumento —ciertamente no equivocado del todo— de que en muchas ocasiones en un acto de corrupción está involucrado un ente privado. La propuesta es ridícula por el burocratismo que generaría. Ello dio lugar a profundizar el enfrentamiento con la Coparmex (organismo asociado al CCE). Es ese sentido, convendría más adoptar prácticas internacionalmente eficaces como el Beneficial Ownership, para conocer la estructura accionaria de empresas y evitar conflictos de intereses.

 Organismos autónomos. En la medida en que vaya bajando la atención sobre gobiernos, partidos y candidatos, el ojo público fijará su atención en las instituciones. El INE demostró que se puede coordinar elecciones con los OPLEs sin concurrencia federal, y tendrá que prepararse para la elección más compleja que vaya a organizar: 2018, con elecciones presidenciales, renovación total del Congreso de la Unión, 29 concurrencias locales y posibles consultas populares. El INAI tendrá que resolver las fallas en la plataforma nacional de transparencia y resolver el desafío de garantizar el derecho al acceso a la información de igual forma en los tres órdenes de gobierno. Banxico tendrá que redoblar esfuerzos para proteger el valor adquisitivo de la moneda y contener la depreciación del peso, a punto de llegar a 20 por dólar.

Aviso oportuno. Se buscan dirigentes para dos partidos políticos nacionales.

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