Alcance humano del recorte

Es imposible dudar de que uno de los objetivos clave del próximo gobierno es una administración austera —ahorrar como expresa el jefe de la oficina del presidente electo, Alfonso Romo—, terminar con excesos y elaborar una reingeniería total en el presupuesto federal que presentará el próximo titular de Hacienda, Carlos Urzúa… pero el recorte de 70% del personal de confianza y reducción a la mitad del 30% restante, tiene implicaciones muy significativas.

Circula en la red el “Documento Técnico VF31-08-18  Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana en materia de recorte de plazas, reducción de salarios, cancelación de prestaciones y aumento de la jornada laboral al personal de confianza”, atribuido a 17 funcionarios, exfuncionarios públicos y académicos, entre ellos Laura Arias (subdirectora de administración y desarrollo de personal del Instituto Nacional de Cancerología, Karla Raygoza (Unidad de Personal del IMSS, Luis Felipe Llanos (catedrático de la Universidad Anáhuac) y Alejandro Herrera (INADEM), advierte del impacto de, incluyendo reducir a la mitad un salario que perdió 60% de su poder adquisitivo de 2003 a la fecha.

“Por tanto, en caso de sufrir un recorte abrupto o considerable de las plazas de confianza, en las que recaen el ejercicio de las funciones sustantivas encomendadas al Estado Mexicano, a través de los distintos entes públicos que integran el Poder Ejecutivo, ello redundará, si no en una parálisis administrativa del Gobierno Federal —en sí misma inaceptable para la nueva administración—, sí en continuas y repetidas fallas e incumplimientos a la compleja y basta normativa federal; fallas e incumplimientos que por su propia naturaleza indefectiblemente traen aparejados el fincamiento de responsabilidades e imposición de sanciones, las cuales alcanzarían, sin lugar a dudas, a los más altos puestos y niveles jerárquicos”.

El mensaje se fundamenta en un estudio de 60 páginas. Ojo.

La mano pachona. Que ya se supo quién orquesta la campañita contra Televisa, de Emilio Azcárraga y que codirigen Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, porque su filial Operbes ganó la licitación para dotar a acceso seguro de Internet a Pemex: la firma Weber Shandwick, que dirige en México Amanda Berenstein, pero con tal mal tino que han difundido sus pullas entre periodistas que colaboran en el consorcio televisivo. En vez de mano peluda, son mano pachona: una espanta, la otra da risa. Bueno, Operbes le ganó el concurso con una oferta de 693.5 millones de pesos a Scitum y a Axtel… y alguien contrató a dicha agencia para cuestionar el concurso en la petrolera que lleva Carlos Treviño y próximamente Octavio Romero. Pero el accionar de Weber ya generó molestia entre todos los involucrados y ya no se diga en la asociación de agencias de relaciones públicas, PRORP, que preside Rafael Gárate. Autogol.

Cuevas, también salario. El comisionado del IFT, Adolfo Cuevas, es el primer funcionario de un Órgano Constitucional Autónomo en cuestionar públicamente el dictamen que la Cámara de Diputados está por aprobar para modificar el artículo 127 constitucional para que ningún servidor público gane más que el presidente, o sea arriba de 108 mil pesos. Con ello, explica, el Estado no podría retener personalmente altamente especializado, técnico, que por ley no pueden tener fuentes alternas de ingresos a las que sí pueden acceder los demás empleados del gobierno. La pérdida de ese talento implicaría reducir la capacidad de regulación en instituciones como Banxico, Cofece, CRE, CNH y el mismo IFT. Otro aviso.