Amenaza Estados Unidos a la Corte Penal Internacional

La Haya, 16 de septiembre. Desde que comenzó su administración, el presidente estadounidense Donald Trump ha mostrado su rígida y conservadora manera de gobernar mediante acciones abusivas en contra de familias inmigrantes, con descalificaciones constantes a la prensa de su país, insultos a otros mandatarios y gobiernos y lo que faltaba, con amenazas al máximo tribunal como es la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, cuya sede se encuentra en los Países Bajos.

Lo que se sabe es que esa Corte investiga supuestos crímenes de guerra cometidos por miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) y militares de Estados Unidos durante la ocupación de Afganistán entre 2003 y 2004. Según un informe se cometieron torturas, trato cruel y ofensas a la dignidad humana en cárceles clandestinas a por lo menos 61 detenidos. Es por ello que desde noviembre del año pasado la CPI investiga formalmente dichos actos violatorios de la ley y de los derechos humanos.

La respuesta del gobierno de Estados Unidos no se hizo esperar y con un tono amenazante del ultraconservador asesor de seguridad de la administración Trump, John Bolton, afirmó que si se sigue con esa investigación a ciudadanos estadounidenses se van a aplicar medidas en contra de jueces y fiscales del Tribunal Internacional. Bolton declaró que el gobierno ya estudia opciones para procesar a los jueces en territorio de EU, así cómo imponerles sanciones financieras y hasta negarles la entrada a ese país. Las sanciones no sólo se impondrían a los integrantes del Tribunal, también amenazan a otros Estados y empresas que colaboren con la investigación del CPI.

John Bolton, quien fuera pieza clave en la invasión en Irak durante la administración del presidente George Bush y actual impulsor de una intervención en Corea del Norte, calificó a la Corte Penal Internacional de ilegítima, y respaldó sus posibles represalias porque, según ese órgano de justicia "viola la soberanía nacional" de Estados Unidos y hasta ironiza al decir que nadie entregaría a sus propios ciudadanos para que sean juzgados en otros países.

Sin embargo, la contradicción estadounidense es que el gobierno de ese país se cree que es el juez del mundo con responsabilidad de sentenciar a otras naciones, derrocar e imponer gobiernos y acusar a personas cuando no son afines de su agresiva política internacional. Es el mismo país que pide la extradición de ciudadanos mexicanos para que sean juzgados en su territorio con una actitud arrogante y amenazadora. Estados Unidos no forma parte de los 123 Estados que firmaron el acuerdo de Roma que creó la CPI en 2002, cuya intención es formar un Tribunal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios, y por ello no se podría investigar a los ciudadanos de EU, pero Afganistán sí forma parte de este tratado y los crímenes se realizaron en este país.