Aplicaría EPN fuerza pública a la CNTE

Ante la multiplicación de voces que exigen que se ponga fin a los desmanes de la disidencia magisterial y aun cuando sigue esperanzado en que en los espacios de diálogo se encuentre una solución al conflicto magisterial, el presidente Enrique Peña Nieto admitió que “el Gobierno de la República no tendrá reparo alguno en recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden y, sobre todo, hacer valer el Estado de Derecho”.

Uno más de esos diálogos que representantes de la CNTE y funcionarios de la Secretaría de Gobernación han sostenido en las últimas semanas se llevó a cabo la tarde-noche de ayer en la sede de esa dependencia y de no encontrarse una salida obligará al Ejecutivo federal a tener que actuar ante el radicalismo de quienes con presiones cada vez más violentas demandan la derogación de la reforma educativa.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Bien dicen que la paciencia tiene un límite y si en el caso del gobierno federal el tiempo ya se agotó ante el conflicto magisterial, como lo anunciara el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el 1 de julio pasado, aunque nada sucediera, hoy, ante el endurecimiento de acciones de la CNTE en víspera del inicio del nuevo ciclo escolar que intenta impedir, se espera que algo se haga para evitarlo.

Esa organización que desde hace años agrupa al profesorado disidente de varias secciones estatales del magisterio nacional, en particular la 22 de Oaxaca, fue alentada y, más que nada, financiada por gobernadores priistas de esta entidad y aun por el actual aliancista, otorgándole nada menos que la rectoría de la educación y el control del Instituto Estatal de Educación Pública.

No obstante que con la transformación de ese organismo —decidida más por el gobierno federal que por el estatal de Gabino Cué el 25 de julio del año pasado— la dirigencia seccional oaxaqueña fue despojada del mismo y de todos los privilegios políticos y económicos que mantuvo durante casi 25 años, la actual dirigencia, que encabeza Rubén Núñez, no ha cejado en tratar de recuperarlos a toda costa y a todo costo.

LA aprobación de la reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, que la Coordinadora califica de estrictamente laboral, ha sido motivo de rechazo por quienes lideran ésta en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán y también en la CDMX, y de marchas, plantones y bloqueos en el transcurso del primer trienio del gobierno federal, que desde el 15 de mayo pasado se redoblaron en ellas hasta la fecha.

Esas movilizaciones, además de desquiciar las actividades cotidianas en ciudades de esos estados y en la capital de la república, hartan a sus habitantes y han originado pérdidas económicas millonarias.

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