Arrecian los enfrentamientos

En víspera del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, arrecian los enfrentamientos entre dirigentes y legisladores del PRI y de la oposición, a los que se suman miembros del gabinete, mientras que la elección del Fiscal General de la República, que hará el pleno del Senado, está convertida hoy por hoy en el mayor y más serio tema de controversia ante la intención de las bancadas del PRI y el PVEM de que, “en automático”, lo sea el actual titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade.

Las críticas originadas por las acusaciones que se le han hecho al presidente del PAN, Ricardo Anaya, por el presunto o real enriquecimiento familiar, han subido de tono y, de seguir las cosas como van, dentro y fuera del Congreso de la Unión varias de las iniciativas del Ejecutivo federal, entre ellas el paquete económico para 2018, pueden trabarse.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Conforme se acerca el inicio de la segunda ronda de representantes de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este viernes en la Ciudad de México, y ante la “estrategia” de Donald Trump de amagar con el retiro de su nación, aquel desbordado optimismo de los negociadores de nuestro país empieza a quedar atrás.

Por lo pronto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que encabeza al grupo mexicano en esa difícil tarea, ya habla de que “es clave tener un Plan B”, en caso de que el mandatario estadounidense cumpla su insistente amenaza, y recomienda esperar “cualquier escenario”.

Confía, sin embargo, que en las reuniones que se iniciarán pasado mañana se logren avances y, en la tercera ronda que se llevará a cabo en Canadá, se concreten y suscriban los acuerdos que puedan concretarse, a pesar de que el magnate-presidente de EU reitere que los otros países firmantes, México en particular, “se han puesto muy difíciles en la renegociación”.

Pocas horas duró el entusiasmo, y la esperanza de que la aprobación por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la llamada Ley Kumamoto, que restringe el monto de los recursos públicos a los partidos políticos en Jalisco, fuera el arranque para que en otros estados, y a la larga en el caso de los partidos nacionales, se siguiera ese ejemplo.

Y es que ayer, los mismos ministros del alto tribunal anularon por unanimidad la reducción de 50 por ciento del financiamiento público a los partidos de Yucatán, cuyos ahorros se destinarían a niños de escasos recursos de esa entidad, luego de una impugnación de Morena, el partido propiedad de Andrés Manuel López Obrador —que tanto critica el despilfarro partidista— presentara una impugnación.