Atenco, la falta de oficio

Atenco,  la falta  de oficio
Por:
  • larazon

Atenco fue el principio del fin del gobierno de Vicente Fox. Incapaz de estructurar una política coherente, se enredó en el conflicto que representaba construir un aeropuerto internacional en Texcoco.

La terminal aérea no pudo construirse por la férrea oposición de movimientos locales, entre ellos el dirigido por Ignacio del Valle y porque el gobierno federal trató de robar a los ejidatarios ofreciéndoles un precio ofensivo por sus tierras. Se juntó la apuesta de los radicales con la soberbia de los nuevos gobernantes.

En el proyecto del aeropuerto fallaron todas las instancias involucradas, y el Valle de México se quedó sin una obra de infraestructura que habría generado empleo.

Por aquellos días ya se tenía la información de cómo se podían complicar las cosas si no se hacía un arduo trabajo político. Nadie lo realizó y el problema terminó en un conflicto del tal magnitud que la Suprema Corte tuvo que pronunciarse por las múltiples violaciones a las garantías individuales.

Entre abril y mayo de 2006 fueron detenidas 12 personas relacionadas con el movimiento En Defensa de la Tierra. Las acusaron de “secuestro equiparado”, porque retuvieron por la fuerza a policías y funcionarios del Estado de México. Algunos reportes señalan, inclusive, que a los burócratas les amarraron cohetes en el cuerpo y que los amenazaron si no se cumplían sus exigencias.

El operativo de rescate fue un desastre. Murió un joven universitario, Alexis Benhumea, porque le impactó una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, que fue disparada por elementos de la entonces Policía Federal Preventiva. El crimen, no sobra decirlo, está impune.

Luego del desastre que significó la suspensión del proyecto del aeropuerto, quedó el agravio de una acción policial que fue condenada por la propia Corte y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Primera Sala de la Suprema Corte decidió amparar a los 12 sentenciados y pidió su inmediata libertad.

Los ministros encontraron, como en Acteal, que no existió un debido proceso y que se utilizaron pruebas ilegales, entre ellas las de la inducción para la identificación de los dirigentes del movimiento opositor a las obras del gobierno federal.

Esto no quiere decir que no se cometieron delitos, sino más bien las autoridades perpetraron tal cúmulo de arbitrariedades que hicieron imposible mantener una sentencia condenatoria.

Ignacio del Valle estaba sentenciado a más de 40 años de prisión. La pena era sin duda exagerada y ahora sabemos que incorrecta.

Lo triste es que todo este penoso episodio se pudo evitar si hubiera imperado la política, una actividad escasa en estos tiempos de alternancia.

julian.andrade@3.80.3.65

Twitter: @jandradej