Ayotzinapa en campaña

Los acontecimientos de los últimos días y los que están por venir, sin duda alguna, representan un abanico de alternativas para seleccionar uno sobre cuál hacer una opinión. De todos esos temas, el que me parece más relevante es el relativo a la histórica sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito del Poder Judicial de la Federación.

Ayotzinapa irrumpe en la campaña. El secuestro y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa el –cada vez más lejano– 26 de septiembre de 2014, es el mayor crimen cometido por fuerzas del Estado mexicano contra población civil desde la matanza de estudiantes del 68. Nada menos que eso. Una de las mayores tragedias que ha experimentado esta generación de la sociedad mexicana es además uno de los máximos lastres políticos con los que se identifica al gobierno saliente y uno de los componentes que explican su repudio generalizado. La institución encargada de la investigación, la PGR, no puede tener mayor desprestigio: es la misma que ha sido incapaz de capturar a Duarte (el de Chihuahua, no su peor versión, el de Veracruz), que ha estado muy dispuesta y burda en sus capacidades institucionales para intentar desbarrancar la campaña de un candidato presidencial y a la que la palabra Odebrecht no le dice nada.

Elefante en el cuarto. El punto es que la clase política, en general, no sabe qué hacer con el tema de Ayotzinapa –absolutamente central para la reconstrucción de nuestro país– y por eso apenas ha sido tratado evasivamente en la campaña. Es un tema de pasado, presente y futuro. Quiso la casualidad –hay quien dice que las casualidades en política no existen– que a una veintena de días del fin de la campaña, el citado Tribunal llevara los reflectores al caso Ayotzinapa. Básicamente, la sentencia resuelve con sólidos argumentos jurídicos lo que muchos traíamos como percepción: que una muy poco profesional PGR no quiso realizar una investigación independiente a integrantes del gobierno, que testimonios fueron obtenidos mediante tortura y que sólo se avanzó en las líneas de investigación que apuntaran a justificar la llamada “verdad histórica” sin atender ni a los reclamos de los padres ni a las evidencias de los informes de organismos internacionales, particularmente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Ah, pero eso sí, con una velocidad de reflejos y “dignidad institucional”, la PGR salió a descalificar de inmediato la sentencia, argumentando que el mencionado Tribunal Colegiado desconoce la división de poderes y que pasa por encima de las facultades de investigación, persecución y ejercicio de la acción penal exclusivas del Ministerio Público. Es interesante el sentido de la palabra “verdad” que da el fallo del Tribunal: con el mandato de crear una Comisión de la Verdad se trata, a mi juicio, de una efectiva acción de justicia y reparación para intentar entender qué pasó aquel trágico día y para evidenciar la “verdad histórica”, como narrativa oficial de los sucesos de Ayotzinapa.