Ayotzinapa, los detenidos

Javier Solórzano Zinser

El tercer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre el caso Iguala presenta de nuevo una variable que se ha extendido a muchos otros casos, la violación a los derechos humanos y la alteración del debido proceso.

La detención de más de 100 personas, presumiblemente ligadas a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, no es cosa juzgada. El proceso está en curso y mientras los jueces no determinen el final, sentencia condenatoria o absolutoria, los detenidos deberán estar bajo presunción de inocencia.

Si bien el tipo de delito que se le imputa les impide llevar a cabo el proceso en libertad, el Estado de derecho les otorga el derecho a defenderse.

Evitar los juicios ligeros y entender que con todo y los justificados enconos en contra de los presuntos responsables tienen derechos son clave. El Estado está obligado a ello y los más de 100 deben ser respetados en sus garantías y deben ser llevados ante la justicia con un debido proceso.

El tercer informe de la CIDH dio a conocer que 16 de los detenidos aseguran que han sido torturados y que se han presentado alteraciones en su debido proceso. Es importante precisar bajo qué condiciones se está llevando el proceso y también conocer bajo qué condiciones se expusieron las declaraciones.

Pueden ser parte de una estrategia que sirva a los presuntos responsables para poner en entredicho el proceso y lavarse la cara, pero también puede ser parte de la acción de la autoridad, que bien se sabe cómo actúa, y más cuando se trata de casos excepcionales y cuando tienen a los presuntos delincuentes en lo oscurito. Se les aprieta para que declaren hasta aquello que no hicieron.

Existen muchos antecedentes de cómo la justicia ha convertido a culpables en inocentes y a inocentes en culpables. De cómo han quedado en libertad personajes que parecen culpables, la autoridad incluso usa para ello a los medios, para que a la mera hora los veamos departiendo con sus amigos en conocidos restaurantes, como apuntarían las viejas crónicas de sociales.

Cada detalle de lo que está pasando en el proceso es particularmente significativo. No hacer las cosas bien va a poner otra vez en entredicho la llamada “verdad histórica”. Se debe tener cuidado legal y político para evitar que el sensible caso entre en los terrenos del descrédito, los cuales ha merodeado.

Respetar la ley, los derechos humanos y el debido proceso y no entrar en los terrenos de la tortura, son otorgarle fuerza al caso y darle valor a la investigación, a la sentencia y a la justicia. Quizá algunos quieran hacer otras cosas, pero ello llevaría a dudar de todo, a lo que se sumaría una ignominia más para la deteriorada justicia.

 RESQUICIOS. Así nos lo dijeron ayer:

* En BC existen 168 áreas de rezago social, 102 están al sur de Ensenada. Es urgente la participación civilizatoria gubernamental: Tonatiuh Guillén, presidente del Colef.

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