Calderón entra en campaña

El Presidente tardó 72 horas en condenar el crimen del adolescente Sergio Hernández a manos de un policía estadounidense, pero un día en criticar el clientelismo electoral que hace el gobernador priista de Veracruz, Fidel Herrera, en unas conversaciones que le grabaron de manera ilegal.

A 15 días de las 12 elecciones estatales que (según las encuestas) perderá el partido gobernante este 4 de julio, Felipe Calderón no soportó la tentación de entrar en la campaña de su partido para fustigar al segundo mejor gobernador de oposición evaluado en las calificaciones ciudadanas.

“Generalmente, en el viejo modelo, los apoyos ni llegaban a los campesinos ni a los indígenas más pobres, ni generaban una sociedad más fuerte basada en la libertad y en la corresponsabilidad”, expuso el mandatario.

En el enrarecido contexto electoral, sus palabras suenan más a líder del PAN que a Presidente de la República, lo cual agrega unos decibeles al ruido que ya metió el gobierno por actuar contra opositores.

De hecho, ayer el dirigente panista en el Edomex, Octavio Olivares, anunció que la PGR investiga por espionaje telefónico al gobernador priista Enrique Peña, quien no es sólo un político opositor, sino el político en general mejor calificado en las encuestas.

A lo cual se suman otras acciones contra candidatos rivales, sintomáticamente mejor situados que los del partido en el poder:

encarcelamiento de Greg Sánchez, del PRD en Quintana Roo, acusado de narcotráfico, crimen organizado, tráfico de personas y lavado de dinero.

También a los candidatos priistas Javier López Zavala (Puebla) por falsificación de documentos, y Carlos Lozano (Aguascalientes) por gastos ilícitos.

Pero lo más preocupante, para nuestro entramado Estado de derecho- democracia-separación de poderes, es el atractivo de las campañas para el Ejecutivo, en especial a medida que se acercan las fechas de los comicios y si el partido gobernante va debajo en las encuestas.

Sobre todo porque, en este momento, ese poder tiene tareas más perentorias. Por ejemplo, el seguimiento al asesinato del adolescente Sergio Hernández, hace menos de tres semanas en Ciudad Juárez, bajo el fuego de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Y el de los hermanos Martín y Brayan Almanza Salazar, dos niños de cinco y nueve años asesinados por fuego directo de soldados en un retén del Ejército el pasado 3 de abril en Ciudad Mier, Tamaulipas, donde los militares intentaron ocultar el hecho y alteraron la escena del crimen.

En ambos casos se conocen los nombres y apellidos de los asesinos: en el caso de Sergio, la identidad de estos es reservada por el gobierno de Estados Unidos, y en el de Martín y Brayan, por la Secretaría de la defensa Nacional.

Ahí sí tiene una chamba el Ejecutivo.

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