Camacho y su doble visión

Francisco Cárdenas Cruz

Tal parece que en tiempos electorales, al presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, la brisa del mar le cambia fácilmente la visión de lo que ocurre: a unos días de las elecciones emitió contradictorios juicios sobre las ejecuciones de dos coordinadores de campaña de candidatos de su partido, en el municipio de Chignahuapan, Puebla, y en la delegación Azcapotzalco del Distrito Federal.

Desde Manzanillo, Colima, el lunes pasado le vio “móvil político” a la de Salvador Méndez Morales, ocurrido ese día, y no dudó en responsabilizar a las corporaciones policíacas de Puebla, estado gobernado por Rafael Moreno Valle, del PAN, y desde Acapulco, ayer, en la de Israel Hernández Fabela, en el DF que gobierna Miguel Ángel Mancera y quien llegó al cargo apoyado por el PRD, aunque no milita en ese partido, descartó que “tenga tintes políticos”.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

De acuerdo a los primeros resultados de sus investigaciones sobre el enfrentamiento en Tanhuato, peritos y forenses de la Procuraduría General de la República y de la de Michoacán, coincidieron en que ninguno de los disparos que dieron muerte a los 42 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue hecho a una distancia menor de 200 metros.

O sea que no hubo disparos a quemarropa ni “tiros de gracia”, como a través de redes sociales se especula y que ha motivado el “se dice”, “se asegura”, “según versiones” de parte de quienes a toda costa intentan hacer creer que lo de ese municipio michoacano fue un caso idéntico al del mexiquense de Tlatlaya.

Además, se espera que los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, enviados a Tanhuato, encabezados por Ismael Eslava, concluyan el análisis de los dictámenes periciales y de necropsia, como parte de las investigaciones que se llevan a cabo, para esclarecer lo sucedido el viernes pasado en el rancho El Sol, que según declaraciones de los tres sicarios del cártel jalisciense detenidos, era guarida de éste.

A toro más que pasado, repasado, y a solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los contratos suscritos por ésta con la constructora española OHL a la que se le concesionó por 30 años el Viaducto Bicentenario en el estado de México, la Secretaría de la Función Pública encargará la revisión de ellos a empresas externas.

Habrá que esperar que los resultados no sean como los que dio a conocer recientemente otra de ellas de que no se encontraron irregularidades, cuando desde Madrid, la propia OHL reconoció que las ha habido.

Éstas afloraron públicamente con los audios de conversaciones del ex representante en México, Pablo Wallentin, que se vio obligado a renunciar “voluntariamente” al ser públicamente exhibido y conocerse las transas al gobierno mexiquense.

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