Caso Dilma: ¿justicia u oportunismo?

En países con una incipiente cultura ciudadana, como México o Brasil, es bastante común que él héroe o la heroína de un día se convierta en el villano o villana del siguiente y para muestra basta un botón llamado Dilma Rousseff, la primera mujer presidenta de Brasil y quien actualmente está en medio de una crisis política disfrazada de procedimiento legal.

Los artículos 85 y 86 de la Constitución política brasileña establecen que el presidente de la República puede ser acusado ante el Senado por delitos de responsabilidad, la cual debe de ser hecha por dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Esto ya ocurrió el pasado domingo bajo el liderazgo de Eduardo Cunha, presidente de la Cámara Baja y miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), partido, hasta hace poco, aliado del Partido de los Trabajadores (PT), el partido de Dilma.

Si el Senado decide iniciar procedimiento de juicio político, la presidenta Rousseff será suspendida de su encargo hasta por un máximo de 180 días, esperando que en ese lapso el Senado dicte sentencia. Mientras tanto, el vicepresidente Michel Temer miembro del PMDB asumiría la titularidad del Ejecutivo. Sí, tanto Eduardo Cunha, quien impulsa el juicio político contra Dilma desde la Cámara de Diputados, como Michel Temer, quien asumiría la presidencia en caso de que la presidenta sea suspendida, militan en el PMDB, y por lo tanto ayudaron a que Dilma llegara al poder en las pasadas elecciones, sin embargo hoy son su oposición.

Ahora bien, si la sentencia del Senado es condenatoria, Dilma sería separada definitivamente del cargo de presidenta y Michel Temer ocuparía el cargo hasta el final del mandato, a menos que las solicitudes de juicio político en contra de propio Temer prosperaran, en cuyo caso el hoy diputado Cunha ocuparía el cargo. Interesante, ¿no es cierto?

Pero, ¿de qué se le acusa a Dilma Rousseff? Ella no está embarrada del escándalo Petrobras ni de la operación conocida como “Lavado de Autos”, aunque ciertamente estos temas le han restado muchísima popularidad, que es parte de su actual problema, la acusación presentada en la Cámara de Diputados afirma que la mandataria violó normatividad con el propósito de ocultar el déficit presupuestal real y así aparentar mayor equilibrio entre ingresos y gastos, presentando de esta forma una mejor situación hacendaria durante la pasada elección presidencial en la cual fue reelecta. Esto en Brasil es conocido como “pedaladas fiscales”. En otras palabras: Dilma tomó dinero de un lado y lo puso en otro para que todo se viera más bonito y la gente no la castigara en las urnas por un desastroso manejo de la economía.

El nervio más sensible del sistema político de un país —y del cuerpo humano— es la cartera. Claramente la petición de juicio político en contra de la presidenta no habría prosperado si la economía brasileña estuviese bien. ¿Quién diría que la presidenta Dilma tendría algo en común con Fernando Collor de Mello? El último presidente brasileño en ser sometido a juicio político desde 1992.

Dilma se ha defendido en tres vías: la política, la jurídica y la popular. En este último rubro la presidenta ha dicho que la oposición busca “tomar por la fuerza lo que no conquistaron en las urnas”, además de que ha calificado como golpe de Estado el procedimiento iniciado en su contra.

Estos argumentos convencen a buena parte de la población, pero no a toda.

En el ámbito jurídico sus argumentos van por dos vías: a) las “pedaladas fiscales” no constituyen delitos de responsabilidad, y b) Los actos de que se le acusan no ocurrieron dentro de su actual mandato. Por lo tanto el juicio político no es procedente.

Pero lo que realmente la salvará es su manejo de la arena política. En el Senado hay 81 senadores, asumiendo que todos ellos estén presentes, se necesita 42 para continuar el procedimiento de juicio político. Esto lograría la suspensión de Dilma. Pero se necesitan 54 para sancionarla y separarla definitivamente de su cargo. ¿La presidenta impedirá la suma de esos votos? Y de ser así, ¿a qué precio? Esta historia todavía no termina de contarse.

¿Lo que está pasando en Brasil es bueno o malo? Depende. Si la ciudadanía brasileña se está empoderando y busca que sus políticos rindan cuentas, el juicio político que se ha instaurado en contra de Dilma es un gran suceso digno de celebración al que deberíamos voltear todos los ciudadanos cansados de las balandronadas de nuestros “representantes políticos”. Si esto es justicia: gana la democracia, gana el pueblo brasileño, ganamos todos. Pero si esto es revanchismo utilizando la ley, pierde Dilma, pierde la oposición, pierden los brasileños y… perdemos todos, porque una injusticia, en cualquier lugar, es una amenaza a la justica en todos lados.

*Director de la Facultad de Derecho

y de la Escuela de Relaciones Internacionales

Universidad Anáhuac México Sur.

Twitter: @luis_e_pereda