Castigo al servicio público

Luego de los comicios presidenciales que le dieron el triunfo, Andrés Manuel López Obrador ha hecho diversos anuncios sobre algunas de las principales medidas que impulsará, una vez que asuma el cargo el próximo 1 de diciembre.

Por lo que atañe al funcionamiento de la Administración Pública Federal, el Presidente electo ha sostenido que se implementarán jornadas laborales de lunes a sábado para los servidores públicos de confianza, so pretexto de la enorme labor necesaria, para que la administración entrante logre generar la llamada Cuarta Transformación.

Todo parece indicar que los servidores públicos que deseen mantener sus fuentes de ingreso, deberán –en primer lugar– superar el recorte de plazas de confianza, también anunciado, y –posteriormente– estar dispuestos a hacer enormes sacrificios en sus condiciones laborales, pues López Obrador también ha anunciado reducciones salariales, la eliminación de diversas prestaciones laborales –como seguros de vida o de gastos médicos mayores– y la posibilidad de tener que mudar su lugar de residencia derivado de la descentralización de las dependencias del Gobierno federal.

Estas políticas aparentemente tienen la intención de establecer un gobierno austero –elemento fundamental de su discurso de campaña–, lo cual no parece mala idea. Sin embargo, no se está atendiendo el fondo del problema, pues con estas medidas, lo que realmente se está haciendo es atribuirle gran parte de la carga de la responsabilidad de la mala acción de gobierno a los servidores públicos en su conjunto sin ninguna distinción, cuando –en realidad– la amplia mayoría están muy lejos de poder gozar de cualquier beneficio del poder.

Por lo que respecta a la ampliación de la jornada laboral, toda argumentación para justificarla, se centra en decir que el personal que se vería afectado ya está acostumbrado a un ritmo de trabajo similar, con extensas jornadas de trabajo y con la necesidad, incluso, de desahogar pendientes a lo largo del fin de semana. La única acotación al respecto es que esta medida aplicaría únicamente para quienes ocupen plazas de confianza, sin tomar en cuenta a trabajadores de base y sindicalizados.

Por otro lado, de muy poco han servido los diversos estudios que demuestran que jornadas laborales más largas no se traducen en mayor productividad. Tampoco parece ser relevante la experiencia de los países más desarrollados del mundo, cuyas prácticas laborales van exactamente en el sentido contrario, al establecer jornadas de trabajo más cortas, con opciones para trabajar desde casa y al otorgar mayores concesiones para poder desarrollar una vida familiar íntegra y con tiempo para el esparcimiento.

No estaría de más reconsiderar la propuesta y prestarle mayor atención al fondo del problema, a saber, la eficiencia con la que se ejercen los recursos públicos y con la que se entregan resultados a la ciudadanía, pues, como dice el refrán, no por mucho madrugar, amanece más temprano.