Cerrarles el negociazo

Luis de la Barreda Solórzano

Prohibidas o no las drogas, el adicto las adquiere y las seguirá adquiriendo precisamente, diría Perogrullo, porque es adicto. El adicto hace lo que sea con tal de conseguir el dinero para comprar la droga: roba, se prostituye o acepta ser vendedor de la droga prohibida con tal de que a él también se la sigan vendiendo.

Con la prohibición penal el precio se eleva estratosféricamente y la calidad no la regula nadie. El primer beneficiado con la despenalización sería el consumidor: se podría supervisar la calidad del producto y venderse a precios muy inferiores a los actuales, en presentaciones con las dosis adecuadas de consumo, además de que los consumidores no tendrían que incursionar en círculos insalubres y criminales para comprar la droga. Lo que llega a matarlos no es la droga consumida en cantidades razonables sino el pasón (la sobredosis) y la adulteración de la sustancia.

Se trata de un problema de salud pública, como advirtió el doctor José Narro al clausurar el foro internacional sobre políticas de regulación del consumo de drogas que organizó la UNAM. Por eso la despenalización sería plausible. Una parte importante de los cuantiosísimos recursos que hoy se erogan en la persecución penal —cuyos resultados son catastróficos— se ahorrarían y otra parte también considerable podría dedicarse a políticas preventivas y de rehabilitación de adictos.

A la prohibición penal se debe el negocio fabuloso de los narcos. La despenalización se los arrebataría en buena medida. Ya sabemos que esa no es la varita mágica a cuyo toque desaparecería el crimen organizado, que seguiría explotando otros rubros: el secuestro, la extorsión, el robo de vehículos, la trata de personas, etcétera. Pero se le habría cerrado la llave por la que fluye su más importante fuente de ingresos. La producción de la droga es sumamente barata si comparamos su costo con el precio que se obtiene gracias a la prohibición, a la que se debe el 90% de ese precio.

Al despenalizarse la compraventa de las drogas ilícitas, el Estado podría hacerse cargo de la producción controlando calidad y precios, o bien podrían ser producidas y comercializadas por las empresas farmacéuticas pero de cualquier modo bajo las reglas y la supervisión sanitaria estatales, como sucede con todos los fármacos.

La persecución punitiva no ha logrado ninguno de sus objetivos: ni reducir el mercado de las drogas ni bajar el número de consumidores.

En cambio, ha originado una vorágine de violencia incontrolable.

Las ideas aquí resumidas son extensamente desarrolladas en el libro La solución de Araceli Manjón-Cabeza (Editorial Debate), ex magistrada española y ex número dos de Baltasar Garzón en el Plan Nacional contra las Drogas. Es de advertirse que la propuesta de la autora se formula desde España, país en el que la fortaleza institucional ha impedido que las consecuencias de la prohibición penal hayan sido tan desastrosas como entre nosotros.

lbarreda@unam.mx