Certificado de salud… mental

En España, las últimas semanas se ha reavivado la discusión sobre los límites de la privacidad y el servicio público. Los casos de Pablo Iglesias e Irene Montero han tenido en vilo a la sociedad española; más allá de las filias y las fobias políticas, la situación abre preguntas importantes.

La privacidad es uno de los baluartes de la vida democrática. Aunque se tenga un perfil público, reconocemos que hay límites que la decencia nos impide traspasar.  Tratamos de no compartir la dirección del hogar, las fotos de los menores de edad, las conversaciones familiares. En el caso de los políticos de Podemos, todo ello ha sido transmitido en las redes sociales y hasta en mensajes de mensajería instantánea.

Y eso, simplemente, no vale. Toda persona tiene derecho a la privacidad; los servidores públicos, también. Siempre y cuando la información no tenga implicaciones en el ejercicio de su función. Es claro que la ubicación de una casa y un ultrasonido no son noticias de interés público.

No así el estado de salud de un candidato o de un funcionario de alto nivel. Hace unos meses, varios psiquiatras expresaron la necesidad de un perfil de Donald Trump. La presión fue en aumento hasta que el mandatario se sometió a un examen general que lo declaraba en buena salud física y psicológica –en contra de la opinión generalizada. Trump consiguió el aval médico pero no podrá conseguir quien respalde moralmente sus tropelías discriminatorias.

En Rusia, el Presidente Putin no pierde ocasión de mostrarnos que se encuentra en forma; utiliza su salud física como un método de poder, de intimidación.

La salud mental de Nicolás Maduro ha sido muy cuestionada; el infortunado comentario sobre “el pajarito”, fue la primera muestra de la poca sensatez del presidente no reconocido de Venezuela. Para desgracia de los venezolanos, la mayoría de sus decisiones políticas no pasarían un test mínimo de razonabilidad.

En México, la contienda electoral ha abierto todos los flancos posibles de descalificación, incluyendo el estado de salud de los candidatos. Más allá de las argucias electorales, conocer el estado de salud de un candidato es una exigencia sensata, pues la responsabilidad que implica estar sentado en la Silla del Águila, presupone una gran fortaleza física. Así como solicitamos la declaración patrimonial, también debemos conocer los informes de salud de los contendientes.

Exponer la vida privada de los políticos, pero omitir la información relevante, forma parte de la trivialización de la política de nuestros días; enfocamos lo irrelevante y silenciamos lo necesario. Y, hay que insistir en ello, en esta lógica perdemos todos. Es indispensable mantener estándares éticos altos, si queremos propiciar un ejercicio político decente. No nos merecemos menos.

*Profesora investigadora en la Universidad Anáhuac