“Chingarse al Estado”

Las disculpas públicas gubernamentales surgieron a nivel internacional al final de la SGM. El gobierno de la República Federal Alemana ofreció reparaciones morales y materiales a los sobrevivientes judíos. Las disculpas expresadas por jefes de Estado se han dirigido a agraviados en el ámbito internacional, mientras que las emitidas por otros funcionarios se ofrecen a ciudadanos del propio país.

En México el origen de las disculpas públicas gubernamentales son las comisiones públicas de derechos humanos. En 2008 la CDHDF estimó que la reparación del daño causado a las víctimas de un operativo policial en una discoteca requería que el Jefe de Gobierno ofreciera públicamente una disculpa. En 2013, al conocer del conflicto legal que involucró a un expresidente de la Suprema Corte y la madre de sus hijos, la CNDH recomendó a las autoridades de la capital del país realizar un acto público de disculpa.

Hay que subrayar que la naturaleza de las disculpas gubernamentales se alteró durante su tropicalización. Aun cuando los funcionarios estadounidenses que internaron a ciudadanos de origen japonés (durante la SGM) actuaron “impecablemente” desde la perspectiva legal, al paso del tiempo su conducta fue considerada moralmente equivocada. De ahí la relevancia de una disculpa. A la inversa, aunque los funcionarios que realizaron el operativo en el News Divine cometieron una serie de infracciones legales, no puede creerse que Marcelo Ebrard les haya ordenado cerrar las puertas para que una docena de personas muriera aplastada.

De acuerdo con lo anterior, mientras que internacionalmente las disculpas públicas se originaron en el reconocimiento de que la implementación de cierta política pública (legalmente aprobada) había sido errónea, en nuestro país dichas disculpas son el resultado de infracciones legales. Esto ha deformado su significado. Su sentido original reside en hacer una distinción entre algo correcto y algo equivocado en el ámbito social. Al expresarlas se busca modificar el presente intentando corregir algo sucedido en el pasado. Sin embargo, en México, al volverlas obligatorias, el sentido de reparación del pasado pierde su valor.

Esta distinción es relevante por la disculpa pública emitida el pasado 21 de febrero por el titular de la PGR a tres indígenas otomíes, Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, quienes en 2006 fueron falsamente acusadas de secuestrar a unos agentes federales en Querétaro y condenadas a prisión. Los procesos judiciales demostraron que los funcionarios responsables actuaron ilegalmente, sin obedecer las normas a que estaban obligados a acatar. Curiosamente, una sala regional del Tribunal de Justicia Administrativa determinó en 2014 que el titular de la PGR debía disculparse como medida de reparación. He ahí la crítica. Lejos de reconocer que los funcionarios involucrados cometieron actos legales de una política pública moralmente errónea, la disculpa expresada por Raúl Cervantes únicamente acata una sentencia. La corrección del pasado se vuelve inoperante y en lugar del perdón se alienta la revancha. Esto es evidente con la réplica de la hija de Jacinta Francisco, que respondió la disculpa con un “hoy nos chingamos al Estado.”

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