Colorado, la demanda… penal

Washington y Colorado sorprendieron a gran parte del mundo al votar, en noviembre de 2012, la legalización de la mariguana para adultos mayores de 21 años y crear un sistema regulado por el Estado para la producción, venta y recaudación de impuestos derivados de la droga. En Washington la comercialización inició en julio de 2014, seis meses después que en Colorado.

Hoy a poco más de tres años se puede empezar a analizar cómo ha funcionado esta nueva ley. Y éstos son los ejemplos que sin duda se deben discutir en los foros, para evaluar la legalización o no de la hierba, ya sea para uso medicinal o recreativo, que se realizan en México con expertos, autoridades y sociedad civil.

Se espera que para este año en Colorado se recolecten 250 millones de dólares (0.6 por ciento de la recaudación total del estado), contando los impuestos que paga la cannabis con fines médicos. Incluso en los próximos años esta cifra podría cuadriplicarse, ya que se espera que la ley permita incrementar el número de expendedores de esta droga.

Pero de ese dinero poco le queda de ganancia a Colorado. Así lo ha comentado el gobernador, John Hickenlooper. Los costos en seguridad, salud y educación han sido altos. Ahora hay que sumarle lo que cuestan y costarán las demandas que han interpuesto las entidades vecinas por el aumento de la mariguana cosechada en Colorado y que llega a su territorio, donde es ilegal. Y es que algunos de los estados que colindan con Colorado señalan que sus índices de inseguridad se han elevado notoriamente.

En diciembre de 2014 Nebraska y Oklahoma presentaron la primera demanda judicial importante para impugnar la legalización de la mariguana, con el argumento de que la creciente variedad de tiendas de esa droga reguladas por Colorado dirigía la cannabis a estados vecinos y por tanto debía suspenderse.

Nebraska y Oklahoma llevaron el documento ante el máximo tribunal de la nación, en el que afirman: “el estado de Colorado ha creado una peligrosa brecha en el sistema federal de control de drogas”.

El recurso, sustentado por los fiscales generales de ambas entidades, solicita a la Corte Suprema de Estados Unidos revocar partes clave de la medida aprobada por los votantes en 2012 que legalizó esa hierba en Colorado para el uso de adultos y creó el actual sistema de expendios, impuestos y regulaciones que rodea la venta de la misma.

En su queja Nebraska y Oklahoma arguyen que Colorado carece de autoridad para aprobar leyes que entran en conflicto con la prohibición federal sobre la mariguana. Si lo hace, afirman los estados, viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

Durante meses algunos alguaciles y agentes de la policía en los condados rurales limítrofes con Colorado se han quejado de que desde que comenzaron las ventas recreativas del enervante, en enero de 2014, han visto más droga transportada por sus carreteras y entrando en sus pueblos. Oklahoma y Nebraska dijeron que la afluencia ha dado lugar a más arrestos, más vehículos incautados y mayores costos para las cárceles y los tribunales.

Aseguran que también ha obligado a las fuerzas del orden a pasar más tiempo y dedicar más recursos a las aprehensiones relacionadas con la mariguana, lo que ha terminado con sus presupuestos.

Por ejemplo, el jefe de la policía en Sidney, Nebraska, dijo a un canal de televisión que en 2014 la mitad de las detenciones por infracciones de tránsito de su departamento estuvo relacionada con esa droga. También aseguró que el departamento agotó sus recursos anuales de horas extras en tan sólo seis meses, sobre todo para pagar a sus oficiales a fin de que acudieran a la corte para testificar en juicios vinculados con la mariguana.

La demanda sostiene que Colorado ha hecho muy poco para evitar que la hierba salga del estado. Los compradores no están sujetos a la verificación de antecedentes penales y sus adquisiciones no son rastreadas, señala. Pero no está dirigida al Sistema de Mariguana Médica de Colorado, donde los pacientes registrados deben ser residentes de dicha entidad.

“Los contribuyentes de Nebraska tienen que asumir el costo”, dijo el procurador general de Nebraska, Jon Bruning. “No podemos darnos el lujo de desviar recursos para hacer frente a un problema de Colorado”, remarcó.

Esta demanda escaló ya hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, donde hace unos meses se solicitó la opinión del procurador general de la nación, Donald Verrilli Jr., sobre la acción emprendida por Oklahoma y Nebraska contra las leyes de legalización de la cannabis en Colorado. En diciembre de 2015 Verrilli Jr. instó a la Suprema Corte para desestimar la impugnación debido a que el asunto está fuera de la jurisdicción de la Suprema Corte. El proceso sigue sin resolverse.

Un recurso como éste cuesta muchísimo, por eso el gobernador de Colorado ha dicho que una parte sustancial de la recaudación de impuestos de la mariguana se destinará a este rubro.

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