Compra de facturas: riesgo de defraudación fiscal

Por Luis F. Ortiz de la Concha

Para efectos fiscales y en condiciones ordinarias, si un residente mexicano o extranjero deja de pagar impuestos y en cinco años no es descubierto, se va libre de culpa, sin multa, sin pago de recargos, sin cárcel y posiblemente sin remordimiento o reproche social alguno. Esto significa un daño mayúsculo para la economía nacional, equiparable al causado por el comercio informal o por quien incurre en cualquier acto de corrupción.

No pagar impuestos es una de las formas en que el contribuyente se convierte en delincuente. Hay quienes no pagan intencionalmente y otros que son partícipes de esquemas de simulación fiscal, nóminas u outsourcing fuera de ley y en ocasiones no lo saben. Este fenómeno ilícito se debe a falta de controles en las empresas y la colusión entre empleado o directivo y prestador de servicios externo.

En días pasados, un periódico mexicano daba cuenta de la existencia del tráfico de comprobantes apócrifos o “mercado negro”, así como de sofisticadas formas de simular operaciones para evitar el pago de impuestos mediante las cuales se solicitan devoluciones de saldos por operaciones inexistentes. El tema es alarmante, ya que la evasión a través de comprobantes falsos no se ha detenido como esperaba el fisco y podría ir en aumento.

La simulación de operaciones para no pagar impuestos o lograr devoluciones que no corresponden o no son ciertas, consiste entre otras formas, en trasladar dinero a otra empresa o prestadora de servicios (que ordinariamente no presta esos servicios). El dinero así transferido (menos el IVA), puede regresar a la empresa (menos una comisión para el operador) o ser usado para pagar comisiones fuera de ley con el fin de no reconocer el ingreso o para pagar sobornos entre particulares o bajo el cohecho previsto en el artículo 222 del Código Penal Federal.

Este esquema básico de simulación de operaciones fiscales puede ocurrir en empresas grandes, medianas o pequeñas sin controles, donde el dueño o directivo exige mejorar números sin importarle el cómo.

En la práctica profesional hemos observado dos controles que sobresalen por su efectividad: nivel de prevención y detección, en adición a la auditoría forense preventiva, además de la línea de denuncia anónima.

El registro de la identidad real de proveedores es una herramienta preventiva de detección y reacción; puede acompañarse de un ejercicio periódico de confrontar facturas, conceptos, destinatarios, servicios prestados y los datos corporativo-económicos que el proveedor dio al darse de alta en la empresa, junto con todas sus credenciales. Una pequeñísima auditoría interna sería un excelente complemento.

Finalmente, la línea de denuncia anónima (o no) operada por una agencia externa, reportará a dos o tres áreas clave de la empresa que el ilícito está sucediendo y será responsabilidad del alto mando intervenir de inmediato, pagar las diferencias o aceptar declararse tácitamente como delincuente o encubridor, ante sus empleados y ante la sociedad mexicana a quien le queda a deber.

Dicho lo anterior, y en su carácter de organismo profesional, activo y propositivo, el IMEF exhorta al cuidado de estos temas y reafirma su compromiso de combatir a la corrupción en todos los entes productivos donde participa (públicos y privados), con el fin de construir un mejor entorno para los negocios y para los individuos en su totalidad, bajo las premisas del bien hacer y el bien ser.

*Presidente del

Comité Técnico

Nacional de Anticorrupción