Consentir la impunidad es perpetuarla

Impunidad es la inexistencia de sanción para quien comete un delito. Hay individuos que hacen de la impunidad una forma de vida. Hay sociedades que la introducen en el tejido de su convivencia. Hay países que hacen de la impunidad una costumbre, un hábito, una cultura. Hay culturas que premian la impunidad y al hacerlo la convierten en aspiración y la perpetúan. Una vez instalada, la impunidad se alimenta de sí misma y convoca al delito.

La impunidad está presente en el país, pero su prevalencia no es inamovible, a pesar de la frecuencia, la exasperante reiteración, la visible ampliación de su alcance.

Los casos de #LordFerrari y #LordRollsRoyce no sólo revelan el imperio de la prepotencia y el abuso, sino el reinado de la impunidad. Antes de los hechos que los hicieran personajes públicos y negativos protagonistas en las redes sociales, ambos estaban implicados en procesos judiciales paralizados. Pese a denuncias y averiguaciones previas, y al margen de si son o no culpables en esas causas, lo relevante para estos efectos es que sus procesos estaban abandonados, cuasi archivados, empolvados, ya fuera por negligencia, pereza, incapacidad, complicidad o corrupción de las autoridades responsables de procurar y administrar justicia.

Y si ahora se han reactivado sus procesos e incluso están prófugos, tanto por la agresión que cometieron sus escoltas como por otros presuntos delitos, no es porque repentinamente la justicia haya despertado sino por la presión social que se ha ejercido a partir de las lamentables golpizas que padecieron dos ciudadanos, al parecer por órdenes suyas.

Recientemente, Héctor de Mauleón publicó en su columna de El Universal, causando una ola expansiva en redes sociales y en otros medios, revelaciones documentadas sobre una casa en la colonia Condesa de la Ciudad de México desde la que opera un grupo de polifacéticos delincuentes: se dedican al narcomenudeo y a extorsionar, asaltar, robar y atacar físicamente a vecinos y transeúntes.

A ello se suman muchos otros casos con diversas expresiones de impunidad. En las últimas semanas los medios han reportado la liberación de dos peligrosos secuestradores. Uno era miembro de la famosa banda de Los Rojos, que a fines de 2007 asesinó a la joven de 18 años Silvia Vargas, hija de Nelson Vargas, cuyo calvario ha sido acompañado por la indignación y la solidaridad entera de la sociedad mexicana.

Otro criminal, conocido como El Santero, fue liberado por un amparo que dejó sin efecto una condena de 60 años en su contra por el secuestro de tres mujeres. Ambos delincuentes están libres por fallas en el debido proceso.

Estas faltas no deberían resultar en la libertad de los criminales cuando existen pruebas suficientes que no están afectadas por violaciones al debido proceso.

Lejos de desalentar la lucha contra la impunidad, estos hechos deben fortalecer nuestra decisión de construir una sociedad en la que impere del Estado de derecho.

Decenas de periodistas y ciudadanos se han encargado de documentar acciones de violencia: han arriesgado su integridad y la de sus familias, han actuado con total entereza ante amenazas, sabiendo que con ello pueden ser vulnerables a la venganza de los criminales.

Estos ejemplos de valor cívico contrastan con la indiferencia o la complicidad de muchas autoridades, que no han entendido que ceder espacio a la impunidad es mutilar la libertad, el derecho y la armonía social.

Es plausible que la valentía ciudadana esté a la altura del desafío, pero son las autoridades las que deberían hacerse cargo de sancionar a los delincuentes ocasionales u organizados.

La sociedad debe participar, pero obligarla, por desidia o corrupción, a ponerse en riesgo, es una falta de las instituciones que son las primeras obligadas a prevenir y combatir el delito. Y de acabar con la impunidad.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista

en derechos humanos.