Corrupción judicial

La corrupción se ha convertido en uno de los temas centrales en las campañas. Ahora que estamos en tiempos de campaña —presidencial y para senadores y diputados federales— sería deseable que los candidatos registraran la situación del Poder Judicial federal. Veamos algunos ejemplos:

En febrero de 2017 se encontraron cuatro millones de pesos en efectivo en el vehículo oficial del director de inmuebles y mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal. Durante los dos años anteriores el responsable del área había adjudicado contratos de obra pública, algunos sin licitación de por medio, por más de 5 mil millones de pesos para la construcción de centros de justicia penal y palacios de justicia. No es por mucho el primer caso de corrupción en las áreas administrativas. Durante la presidencia de Genaro Góngora, en 2002, una denuncia permitió saber que el contralor del Consejo de la Judicatura Federal se ostentaba indebidamente como abogado utilizando una cédula profesional falsa.

La puesta en práctica de una carrera judicial, prevista en la Constitución, ha sido afectada por la ineficiencia y la corrupción. En mayo de 2013, durante el concurso para elegir 70 jueces de distrito, algunos de los aspirantes impugnaron su legalidad debido a una serie de irregularidades que produjeron que algunas de las preguntas contestadas correctamente se consideraran como mal respondidas. Las inconformidades produjeron la salida del magistrado Leonel Castillo, director del Instituto de la Judicatura. Dos años después, en noviembre de 2015, su sucesor, Julio César Vázquez Mellado, se vio obligado a renunciar. Sus errores obligaron a eliminar seis de las 20 preguntas que habían contestado 130 jueces de distrito durante la primera etapa del concurso para nombrar magistrados de circuito. En su lugar fue nombrado el magistrado Salvador Mondragón Reyes. Este último debió renunciar hace unos días como consecuencia de la cancelación de un concurso para designar a 50 jueces de distrito, durante el cual se detectó la venta de las preguntas de la evaluación. Más de dos mil 600 aspirantes se habían inscrito al concurso, pasando la primera etapa únicamente 91 secretarios. Tres de los concursantes, adscritos a tribunales de circuito, fueron suspendidos al comprobarse que compraron las preguntas de la evaluación.

En julio del año pasado Felipe Borrego, Consejero de la Judicatura, hizo público un análisis realizado mediante visitas a los órganos jurisdiccionales en 31 de los 32 circuitos judiciales en los que se divide el país. El estudio muestra que el nepotismo alcanza niveles alarmantes en juzgados de distrito y tribunales de circuito. De mil 31 plazas revisadas, 49% del total tiene una relación familiar con otros empleados. 112 jueces y magistrados aprovecharon sus atribuciones para conseguirles empleo en órganos jurisdiccionales a sus padres (27 casos), hermanos (136) e hijos (180).

Considerando las irregularidades en la ejecución de obra pública, en la carrera judicial y en virtud de este descarado nepotismo, sería conveniente que los creadores del Sistema Nacional Anticorrupción nos expliquen por qué exentaron al Poder Judicial de sus disposiciones.