¿Cuál Revolución?

En Cuba, el pensamiento político oficial basa su propuesta política en tres ideas centrales y conectadas: a) la Revolución cubana es un proceso vivo y continuado hasta la actualidad; b) la dirección del país es un liderazgo socialista coherente con las metas de aquélla; c) la población cubana mantiene una conexión y respaldo mayoritarios para con ambos factores (Revolución y liderazgo), y con una ideología socialista.

Se trata de planteamientos que revelan más los rasgos de un idealismo metafísico (doctrinal y especulativo), que las potencialidades de una mirada dialéctica. Más una ideología legitimadora del poder que un enfoque marxista crítico capaz de extraer del análisis de las cambiantes estructuras —económicas, políticas, clasistas— la información para la crítica y análisis sociales. Mucho I. Stalin y poco A. Gramsci.

El primer supuesto —la Revolución continuada— es claramente endeble. Si entendemos como revolución un proceso de cambios radicales, materializado por la movilización social y la lucha política, que desestructura clases, relaciones e instituciones socioeconómicas y políticas, queda claro que la Revolución cubana se concretó histórica y sociológicamente en la década y media posterior al quiebre del viejo orden. La nueva estructura de clases, el Estado socialista, la economía estatizada, la cultura e ideología revolucionarias estaban, fundamentalmente, concluidos en la primera mitad de los años 70. Quedaría entonces entender lo revolucionario como una apelación ideológica, moral o simbólica a ciertas metas e ideas forjadas en la etapa ascendente del proceso; pero eso no basta para equipararla al movimiento general de la sociedad cubana actual. Extendiéndola hasta el presente.

En cuanto al carácter revolucionario de la dirección del país, insistir en ello es una burla. Por haber construido un partido y sistema políticos con escasa capacidad para procesar y promover la participación, la diferencia y el debate; por aferrarse por seis décadas al poder sin permitir una verdadera renovación de cuadros y métodos; por haber violentado las propias normas y derechos consagrados en la legislación socialista (incluida la Constitución); los dirigentes cubanos no pueden ser confundidos ni con mandatarios de origen republicano ni con militantes comunistas. A estas alturas, su permanencia en el poder depende más del modelo de control social prototípicamente soviético, perfeccionado por más de medio siglo, que de una legitimidad y apoyo populares logrados en condiciones de libre elección y expresión de preferencias ciudadanas.

Con independencia de los matices que diferencian los modos de ejercer el poder de Fidel y Raúl (voluntarismo frente a pragmatismo, personalismo versus institucionalización burocrática), en ambos casos se trata de dirigentes que consideran a la sociedad como una menor de edad, a la que pueden administrar los derechos, demandas y expectativas. Y cuyos aliados —de la vieja dirigencia guerrillera, cuadros partidistas y jefes militares— ni viven como la mayoría de la población ni pagan sus errores con igual rigor. No son parte de una solución revolucionaria a la crisis actual, sino de la esencia misma del problema que representan estructuras socioeconómicas, políticas y morales arcaicas y agotadas; históricamente antagónicas de las promesas emancipadoras del socialismo.

Por último —y no menos importante—, la idea de una identificación coherente y masiva de la cansada población cubana para con su dirigencia y discurso oficiales (o incluso con algún proyecto de contenidos más o menos socializantes) es, cuando menos, falaz. Porque en ausencia de libertad de organización, expresión, manifestación y elección sólo queda, como decía Rosa Luxemburgo, el reino de la burocracia. Y allí no es posible medir ni exponer públicamente las preferencias individuales o colectivas, siempre diversas. La experiencia histórica de regímenes similares (de la URSS a Mongolia) nos dice que los altísimos porcentajes de apoyo en elecciones sin candidatos alternativos o las multitudinarias marchas de obreros que apoyan a un gobierno que los expolia, no son otra cosa que performances organizados desde el poder y replicados —en ausencia de alternativas y bajo el riesgo de sanción— por una ciudadanía desarmada. Nada de eso tributa al potencial emancipador de una revolución social o de un socialismo democrático.