Daños colaterales en la Corte

La facultad de investigación de la Suprema Corte, para investigar violaciones graves a las garantías individuales, es una herramienta de uso excepcional.

Se utiliza, en teoría, cuando la actuación de la autoridad fue insuficiente o contraria a la ley, en momentos de indignación pública y conflicto.

Los ministros de la Corte han tomado, en el pasado, decisiones extrañas sobre los casos que están dispuestos a indagar. La investigación sobre el caso Lydia Cacho fue uno de los más evidentes.

La Corte, como se sabe, concluyó que no se pudo establecer un vínculo entre las autoridades involucradas, el gobernador poblano, la procuraduría y los jueces, y las vejaciones y ataques que sufrió Cacho.

También determinaron que no se pueden utilizar grabaciones obtenidas de modo ilegal, porque ello abriría las puertas a un espionaje generalizado y sin duda tan peligroso como injusto.

Los ministros nunca negaron que estuvieran ante un asunto grave, no analizaron el fondo del problema, pero el mundo mediático se les vino encima por no castigar a los villanos favoritos.

Algo similar puede ocurrir con la investigación de lo ocurrido en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños.

Es probable que los ministros, si deciden utilizar su facultad de investigación, no encuentren modo de sancionar a los implicados del modo que la gente espera y quiere.

Una pista la pueden dar la comparecencia de algunos de los probables responsables ante el juez. El primer dato es que no fueron detenidos porque cuentan con una suspensión provisional y porque el delito del que se les acusa no es grave.

Estoy convencido que lo ocurrido en Hermosillo requiere de respuestas ejemplares y contundentes, pero no estoy muy seguro que el camino del máximo tribunal sea el más adecuado.

La Corte puede sufrir un daño colateral por la falta de eficacia y, lo que es más grave, de confianza que existe en la Procuraduría General de la República, por no hablar ya del lamentable gobierno sonorense.

Los padres de los niños muertos quieren que los ministros intervengan, porque dan por hecho que del Ministerio Público no pueden esperar mucho.

Quizá es injusta la apreciación, pero tiene asideros al menos en la tardanza de encontrar a los responsables para que reciban castigo.

Volvemos a lo de siempre, aunque no por ello deja de ser urgente, mientras no resolvamos los problemas de fondo de nuestro sistema de justicia, habrá una sobrecarga en instituciones como la Suprema Corte.

juljard@yahoo.com.mx

asc