De Iguala a Tierra Blanca

Lo ocurrido en Tierra Blanca el pasado 11 de enero muestra similitudes con los hechos de Iguala de septiembre del 2014, pero también diferencias profundas: en los dos casos hay policías locales involucrados que secuestraron jóvenes y los entregaron a grupos criminales.

En los dos, algunos de ellos tenían relación con rivales de esas organizaciones delincuenciales y otros aparentemente no. Pero existe una diferencia muy importante: en Iguala se trató de ocultar lo sucedido y las autoridades municipales, e incluso en algunos ámbitos estatales, intentaron desviar las investigaciones y proteger a los malhechores. En el caso de Tierra Blanca se busca a los jóvenes desde el primer día y los responsables materiales del plagio, los que los entregaron a los delincuentes, ya están detenidos.

Para analizar lo ocurrido hay que regresar al pasado lunes 11 de enero: ese día cinco jóvenes regresaban a su casa en el municipio de Playa Vicente. Venían de pasar un fin de semana en el puerto de Veracruz. Alrededor de las dos de la tarde pararon en una gasolinera en Tierra Blanca, una ciudad situada junto a la Cuenca del Papaloapan; allí fueron detenidos por una patrulla estatal. En otro automóvil, amigos de ellos se percataron de que se los estaban llevando.

Uno de los agentes manejó el coche con algunos de los jóvenes, otros fueron subidos a la patrulla. Los amigos que estaban en el vehículo de atrás les enviaron mensajes de texto para saber si estaban bien, y éstos les respondieron que los policías sólo revisaban el auto. Pero la situación era anormal: dicen que los siguieron unas calles hasta que los perdieron (no es una versión convincente: ¿si vieron que era anormal por qué no continuaron tras ellos?).

Los secuestrados fueron Jorge José Benítez de la O, un ingeniero industrial de 24 años; Marco Antonio Sánchez, de 27, que se dedica al negocio de autopartes; Alfredo González Díaz, de 25, quien trabaja en un rancho; Bernardo Benítez, de 27, quien estudió administración de empresas, y Susana Tapia, una chica de 16 años que cursa secundaria.

Derivado de las averiguaciones han sido aprehendidos siete policías estatales (cuatro de los cuales no están certificados, o sea que no han pasado los controles de confianza), como responsables de haber detenido a los jóvenes y según esas mismas indagatorias acusados de entregarlos a un grupo delincuencial. La pregunta es ¿por qué? Según información de la zona, estamos ante un enfrentamiento entre dos grupos criminales: uno posiblemente ligado a Los Zetas, con los que estarían complotados los policías capturados, y otro vinculado a un grupo de Tuxtepec, en la zona limítrofe de Oaxaca, que quiere ingresar a ese territorio. Esa organización estaría encabezada por El Brujo y en él participarían tres de los cinco jóvenes desaparecidos. En el caso se asocian temas de narcotráfico, pero también de robo de ganado y de autopartes.

Se pone de manifiesto, una vez más, la penetración de los delincuentes entre las fuerzas policiales locales. En este caso los siete policías estatales involucrados trabajaban para uno de esos grupos criminales y eso obliga a reforzar la limpieza y la certificación de las propias policías locales, muy rezagadas en muchas entidades federativas.

Nada puede justificar el secuestro de unos jóvenes, hayan tenido o no relación con grupos criminales, y el imperativo es localizarlos. Pero en estas historias se deben precisar con claridad los porqués y los cómo, y la rapidez de esas respuestas es lo que hace diferente a Tierra Blanca de Iguala.

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