De la quiebra económica a la bancarrota política

El referéndum, de la semana pasada, en Puerto Rico, es la última entrega de una relación entre desiguales y claramente injusta. La isla ha sido estado pero sólo a medias: cohabita con Estados Unidos pero no convive; está dentro de la Unión pero arrinconado; la isla dio mucho y recibió poco. Aunque también, hay que decirlo, los beneficios obtenidos bastaron por algún tiempo, pues protegieron la identidad nacional en un semi-estado.

En un movimiento político, el gobernador Ricardo Roselló convocó a un referéndum —no vinculante— a sus ciudadanos, para preguntarles si querían convertirse en el estado 51 de la Unión Americana, seguir como estado libre asociado o independizarse. Un cuestionamiento triste para una isla con cultura, tradiciones e identidad propia, pero con la economía quebrada.

La participación en el referéndum fue muy baja, a penas alcanzó el 22%. Se trata de un porcentaje mínimo que impide decidir con legitimidad suficiente entre alguna de las tres opciones; pues aunque el 97% de los votantes se inclinaron por convertirse en el estado 51, sigue siendo oscuro saber si la mayoría de la población, prefiere seguir como estado libre asociado o un estado libre.

El referéndum sirvió poco, pues no arrojó noticia sobre la opinión de la mayoría de los puertorriqueños, ni representó una maniobra política que diera respiro a la economía, ni tuvo eco alguno en Washington o en los ciudadanos norteamericanos.

En vez, mostró la debilidad de Roselló: su falta de acuerdos políticos —internos y externos— y su impericia para sortear los retos económicos.

Puerto Rico es la “casa chica” que durante años se conformó con las migajas políticas y económicas del imperio norteamericano. Pero, como en toda relación entre amantes, llegó el día en que los medios billetes, los medios derechos y los medios amores, dejaron de alcanzar. Y ahora el gobernador exige para sus ciudadanos lo que por años pareció no importar a nadie.

La retórica de falsa victoria de Roselló, frente a los pobres resultados del referéndum, carece de sonoridad política; exigir dignidad y trato justo presupone un fuerte sentido de auto respeto, que no se encuentra con los bolsillos rotos. El gobierno de Roselló no está en condiciones de negociar; todavía menos con la actual administración de la Casa Blanca.

Veo imposible que Trump acepte que Puerto Rico sea el estado 51. Para el magnate —convertido en Presidente— y para sus seguidores —los supremacistas blancos—, la anexión es una ofensa pues significaría un trato igualitario, una sociedad claramente multicultural y bilingüe. Y, mucho me temo, no son valores que vayan a recibir apoyo en estos tiempos.

Así, para los puertorriqueños, la tormenta tardará en pasar. Al referéndum lo desencadenó la quiebra económica y deja como saldo, la bancarrota política.

* Profesora Investigadora de la Universidad Anáhuac.

valeria.lopez@anahuac.mx

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