De lo que se trata es que la ley se cumpla
Es que tendría que ser simple. Que la ley vigente se cumpla en los términos en que está escrita. Que la discrecionalidad sea lo menos. Que la legalidad vaya de la mano con la justicia. Que no vaya en contra de los intereses del ciudadano; que no sea aplicada o no de acuerdo a lo que los grupos de presión determinen. Vaya que parece difícil, pues.
Es que le he contado de esta historia. Si uno la mira desde el cristal de lo políticamente correcto, se mira como una más de esas en las que el desarrollo va contra la sustentabilidad. La malignidad de inversionistas que pretenden devastar el medio ambiente con el único interés de enriquecerse; frente a ellos, la valentía del pueblo bueno en el que incluso, para detener ese proyecto, los niños venden dulces para poder pagar una fianza que un juez ordenó para paralizarlo. Una historia en la que, vista como se ha pintado, los malos son muy malos y los buenos, pues redentores. El asunto es que no es del todo así.
En la última entrega le comenté sobre un caso en Cancún, el principal destino turístico del país, en el que se ha satanizado a la autoridad ambiental de México –al secretario del Medio Ambiente, Rafael Pacciano, lo que menos le han dicho es cómplice de depredadores- por autorizar un desarrollo hotelero del Grupo Riu en Punta Nizuc que, nos guste o no –y en mi caso, si vale decirlo, me gusta poco- cumple con lo que la ley exige.
Ahora se trata de otro asunto en Cancún del cual le he comentado ya en otras entregas: el Malecón Tajamar, un desarrollo construido y comercializado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo –una institución del Estado Mexicano- que se encuentra en un limbo jurídico que amenaza con paralizarlo y convertir el caso en un conflicto entre el gobierno mexicano y los compradores de predios en ese desarrollo. Este proyecto está planteado desde el origen mismo de Cancún.
Se planeó como la puerta al agua de una ciudad que no tiene acceso al litoral. Se trata de un desarrollo de más de cincuenta hectáreas en el que se vendieron predios a particulares para construir edificios de oficinas, condominios residenciales y centros comerciales. Se vendieron los terrenos con la garantía jurídica de una institución gubernamental.
El asunto es que para construir la infraestructura urbana de Malecón Tajamar hubo de remover cientos de hectáreas de manglar. Se hizo antes que se modificara la Ley Federal de Vida Silvestre y se prohibiera la construcción sobre el manglar.
Los predios se vendieron a los particulares con una condicionante, en efecto: la Manifestación de Impacto Ambiental que les permitiría remover el manglar en sus terrenos, vence en marzo del 2016. Esa MIA, aprobada antes de entrar en vigor la ley citada, está a punto de vencer. Existe una fuerte protesta ciudadana para evitar que se remueva el manglar en los predios particulares.
Apenas hace un par de semanas, cuando uno de los propietarios pretendía remover el mangle de su predio –con permisos legales- la movilización de un grupo de vecinos le impidió. Hay también un litigio jurídico con el que se pretende que se prohíba mediante un amparo el desarrollo.
Creo en efecto que no se debe consentir la devastación; sin embargo, este desarrollo fue promovido y comercializado por la autoridad. Los que ahí compraron, lo hicieron con la garantía del Estado Mexicano. Lo hicieron, pues, bajo el amparo de la ley. Estamos a semanas que venza la MIA y entonces la mayoría de los terrenos vendidos a particulares queden imposibilitados de desarrollarse. El conflicto legal subsecuente será de dimensiones mayúsculas.
Cancún en efecto es paradigmático en esta polémica sobre el turismo y la sustentabilidad. En este caso como el del RIU y otros más, puede considerarse que el desarrollo está afectando al medio ambiente; el asunto es que no están violentando la ley.
Y la autoridad no puede negarles lo que la ley les permite.
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