Derechos humanos: la paja en el ojo ajeno

El 29 de agosto de 2012 elementos de la Procuraduría de Justicia de Puebla entraron con violencia a un domicilio en Xalapa (Veracruz). Tras someter a seis personas usando armas de fuego, las maltrataron físicamente y las trasladaron a la capital poblana, donde se les arraigó. Una de ellas fue torturada frente a su familia para obtener información.

El ombudsman de Puebla tuvo conocimiento de esto desde el 5 de septiembre de 2012. En diciembre de 2014, más de dos años después, dicha comisión concluyó la investigación señalando que carecía de elementos para determinar la existencia de violaciones a derechos humanos. Los quejosos se inconformaron y aportaron mayores elementos. La investigación fue reabierta. Ante la falta de resultados, en noviembre de 2016, esto es, cuatro años después, interpusieron una queja ante la CNDH.

Al ombudsman federal le tomó poco más de cuatro meses determinar que la Comisión poblana cometió violaciones a los derechos humanos de los quejosos al no haber actuado oportunamente. Resultó evidente que la CDHEP transgredió los principios de inmediatez, concentración y rapidez que rigen los procedimientos de los ombudsman a nivel mundial. En consecuencia, le instó a integrar a la brevedad de manera debida el expediente de queja, a emitir su resolución en el tiempo estrictamente necesario, a capacitar al personal en el trámite de quejas y a proceder legalmente contra los funcionarios responsables de la dilación.

El ánimo social en contra de los servidores públicos que incumplieron con su deber se hizo evidente. Diversos medios de comunicación, locales y nacionales, exhibieron la deficiente actuación del ombudsman poblano al señalar en sus titulares: “Falla defensor”, “CNDH acusa omisión en la Comisión estatal de Puebla”, “CNDH emite inusual recomendación a su par de Puebla”, “CNDH le jala las orejas a la CDHEP por inútil”, “Evidencia la CNDH pereza de Derechos Humanos en Puebla”.

Es justo felicitar al ombudsman federal por haber ejercido puntualmente sus atribuciones. Como órgano revisor, condenó la lentitud de su homólogo poblano. Vale subrayar que, publicada la resolución de la CNDH, el ombudsman poblano emitió una recomendación al Fiscal General de ese estado 54 meses después de haber iniciado la investigación de los hechos.

Esto evidencia la necesidad de supervisar el funcionamiento de los organismos públicos de derechos humanos.

Por otra parte, es de lamentar que no exista un organismo que revise la actuación de la CNDH. Apenas el pasado 21 de marzo el ombudsman federal emitió una recomendación a diversas autoridades por la contaminación del río Atoyac. El tiempo transcurrido entre la interposición de la queja y la emisión de la recomendación fue de cinco años y ocho meses. En este caso, sin embargo, no hubo órgano revisor que llamara a cuentas a la CNDH por su descuido. Se esperaría que la Cámara alta tomara cartas en el asunto, pero tal parece que los senadores están ocupados en tareas mucho más importantes, como decretar el día nacional de las abejas.

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