Desaparecidos y desapercibidos

La semana pasada, en una colaboración en un diario nacional, el próximo subsecretario de Derechos Humanos expuso algunos datos de violencia política y delictiva. Señaló la existencia de más de 37 mil desaparecidos, 27 mil cuerpos sin identificar y 855 fosas clandestinas como muestra de falta de respuesta a la demanda social.

Refiriéndose a los casos en los que se presume la intervención de fuerzas federales en estos hechos, planteó la interrogante acerca del paradero de los desaparecidos, calificando de inadmisible que los hechos no se hayan esclarecido ni se haya castigado a los responsables.

Ojalá la indignación de Alejandro Encinas se extienda a la actuación del Ombudsman en el tema de desapariciones forzadas. Durante 2018, la CNDH ha emitido 29 Recomendaciones y dos Recomendaciones por Violaciones Graves. Del primer grupo, sólo una Recomendación (la número 4) está relacionada con la desaparición de una persona en Veracruz, en marzo de 2016. Las dos Recomendaciones por Violaciones Graves (números 10 y 11) se refieren a desapariciones. El primer caso da cuenta de la desaparición de 38 personas en el municipio de Allende, Coahuila, a cargo de un grupo delictivo, misma que tuvo lugar durante tres días en marzo de 2011. La segunda investigación se refiere a la desaparición de 10 personas, entre junio de 2011 y junio de 2014, en los municipios de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, así como en Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Lo anterior significa que, en lo que va del año, la CNDH ha concluido investigaciones acerca de la desaparición forzada de 49 personas, aun cuando los casos reportados se cuentan por miles. Únicamente en el caso de la persona desaparecida en Veracruz actúo con relativa prontitud, pues emitió su resolución en menos de dos años. El lapso transcurrido entre las desapariciones de Allende y la recomendación del Ombudsman fue de siete años; mientras que en las ocurridas en Nuevo León y Tamaulipas es de entre cuatro y siete años.

La calma con la que la CNDH investiga las desapariciones forzadas, una manera de pasar desapercibida de la escena nacional, se refleja en la averiguación relativa a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de 2014. A casi cuatro años de los hechos, es la hora en que el Ombudsman no ha determinado la existencia de violaciones a derechos humanos ni ha señalado quiénes son los responsables. Aun cuando se cuenta con opiniones emitidas por organizaciones nacionales e internacionales, el Ombudsman federal no se ha pronunciado. Esto, a pesar de haber creado una Visitaduría General encargada exclusivamente de dicha investigación. Su omisión provocó que, hace unos días, un juez de distrito de la Ciudad de México concediera un amparo a un jugador del equipo Los Avispones de Chilpancingo, ordenando a la CNDH que determine si el joven fue víctima de violaciones a derechos humanos. La reacción del Ombudsman fue insólita: interpuso un recurso legal contra la resolución protectora del joven herido en Iguala.