Educación y democracia

La democracia parte del supuesto de que los seres humanos somos iguales en dos aspectos fundamentales: en su dignidad personal (“nadie es más que nadie”, como decían los gauchos) y en su capacidad de juicio práctico (“el sentido común es la cosa mejor repartida del mundo”, como afirmaba Descartes).

En una democracia la igualdad y la libertad no están sujetas a discusión; son prepolíticas y, por lo mismo, también prejurídicas (ya que, como dice el filósofo mexicano Enrique Serrano, el derecho es la política congelada). Sin embargo, un Estado democrático está obligado a trabajar por una igualación de la sociedad en otros aspectos: uno de ellos es la educación.

En una democracia nadie debe estar fuera, escondido, excluido. A esto le llama el filósofo francés Jacques Rancière el reparto de lo sensible. El espacio público debe ser el sitio en el que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan expresar sus razones, manifestar sus intereses, reclamar sus necesidades: hablar y ser escuchados. En una democracia la plaza se convierte así en el espacio originario de lo político. Nadie puede detentar poder fuera de la plaza, ya sea en un palacio, un templo o una universidad. Digámoslo con un eslogan: todo el poder para todos.

En una democracia tampoco puede haber un conocimiento escondido, un saber reservado para una casta privilegiada. Ofrezco otro eslogan: todo el conocimiento para todos. Nadie puede detentar poder sobre la base de su conocimiento exclusivo. Una tecnocracia es tan antidemocrática como una aristocracia. Por ello, el Estado democrático está obligado a garantizar que el conocimiento sea accesible a todos, que esté disponible en la plaza pública (que cada vez más adquiere una condición digital). La educación pública es una condición para una democracia robusta, ya que reparte los conocimientos indispensables para el desarrollo de la ciudadanía. Digámoslo sin reservas: los enemigos de la educación pública son también enemigos de la democracia.

No podemos aceptar el abismo que hay entre las escuelas en nuestro país: la desigualdad educativa es inaceptable. La democracia mexicana no avanzará mientras que algunas escuelas, sobre todo las privadas, cuenten con todos los elementos humanos y materiales para cumplir con su misión y otras, muchas de las escuelas públicas, sean insuficientes en todos sus indicadores.

La calidad de la educación debe ser tan buena en las escuelas públicas como en las privadas, en las rurales como en las urbanas, en las oaxaqueñas como en las de la capital.

El Estado tiene que asegurarse de que todos los niños vayan a la escuela y de que todas las escuelas sean igualmente buenas (tomando en cuenta, claro está, las condiciones particulares de cada una de ellas). De otra manera, nuestra democracia será muy flaca. Quienes se oponen a que el Estado mexicano vele por ese principio fundamental son, digámoslo sin temor, adversarios de nuestra democracia.

guillermo.hurtado@3.80.3.65

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