El 2 de octubre y el oportunismo

Jalisco: invasión de atribuciones
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Los estadounidenses de cierta edad recuerdan con precisión lo que estaban haciendo cuando se enteraron del asesinato de John F. Kennedy, en noviembre de 1963. Algo similar ocurre con los mexicanos respecto al 2 de octubre del 68.

Es indudable que la represión al movimiento estudiantil en Tlatelolco marca un antes y un después en nuestra historia política. De ahí que las últimas semanas sean abundantes en testimonios, especialmente de políticos, que afirman haber sido parte fundamental de las movilizaciones.

Que haya personas que, sin estar presentes, aleguen haber oído los helicópteros o haber visto las bengalas momentos antes de la balacera, no contribuye a esclarecer lo que realmente sucedió, aunque no tiene mayores repercusiones. Caso distinto es el de los titulares de organismos públicos que, en su afán de figurar en las noticias referentes al cincuentenario del movimiento estudiantil, llevan a cabo acciones fuera de su competencia, o bien,  emiten declaraciones que rayan en lo absurdo.

Un buen ejemplo de esto es el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Este funcionario determinó medidas de satisfacción de carácter colectivo como parte del derecho de reparación en favor de las víctimas de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968. A pesar de su lenguaje grandilocuente, la medida no es más que la aportación de recursos públicos, por un monto de 6 millones de pesos, al financiamiento de dos programas museológicos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM: Colección M68 Ciudadanías en Movimiento e Intervención Tlatelolco 68-18. Las razones por las que la CEAV se convierte en un mecenas de manifestaciones artísticas, y no en una instancia de apoyo a las víctimas de delitos, escapan al entendimiento.

Por otra parte, el 1 de octubre, el ombudsman afirmó, durante la Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible para Tlatelolco, que, “a 50 años de una de las violaciones a derechos humanos más graves de las que se tenga memoria (… ), difícilmente puede decirse que se ha llegado a la verdad y a la justicia (…), en tanto que las violaciones a los derechos humanos, a la vida, integridad personal, libertad de reunión, libertad de expresión, protesta social pacífica y legalidad, permanecen impunes”. Es peculiar que el ombudsman considere como violaciones a derechos humanos lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. Dicho concepto se integró al orden jurídico mexicano hasta finales de 1980. También llama la atención que diga que lo ocurrido en Tlatelolco configura las violaciones más graves de las que se tenga memoria. Si se trata de volver al pasado, nuestra historia abunda en actos más sangrientos. Quizá sea mucho pedirle, pero algunos creemos que, en lugar de unirse al océano de declaraciones sobre el 2 de octubre, el ombudsman debería emitir a la brevedad la Recomendación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa. No vaya a ser que, dentro de 50 años, alguien diga que en este caso tampoco hubo verdad ni justicia.