El Alto Comisionado y el caso podrido de Ayotzinapa

Se agrava recesión en España, economía se hunde 0,6%
Por:
  • julian_andrade

El 28 de octubre de 2014, buzos de la Marina Armada encontraron, auxiliados por elementos de la Policía Federal y de la PGR, bolsas negras en el río San Juan, en Cocula, Guerrero. En una de ellas se encontraron restos con tejidos óseos y cenizas.

Los fragmentos fueron enviados, para su análisis, a la Universidad de Innsbruck, en Austria, y ahí se determinó que correspondían a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala un mes antes ( 26 y 27 de septiembre de 2014).

Estos hechos son la clave de la indagatoria y de la hipótesis sostenida por el Ministerio Público que señala que a los estudiantes los detuvieron policías municipales de Iguala y de Cocula, y que posteriormente fueron entregados a sicarios del grupo de los Guerreros Unidos, quienes los calcinaron en un basurero y luego lanzaron sus restos al río.

Las autoridades llegaron a esta convicción por testimonios de involucrados en los hechos y por pruebas periciales.

Desde que la PGR hizo estos anuncios, los padres de las víctimas, sus abogados y el grupo de peritos argentinos que participó y tuvo acceso a las investigaciones han descalificado estas conclusiones.

Es más, hubo una enorme polémica al respecto, ya que en la PGR siempre han dicho que los representantes internacionales y sus peritos acudieron al lugar de los hechos, pero no quisieron bajar a la zona del río, donde trabajaban los buzos de la Marina Armada.

A esta lógica de sospecha se sumó la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el informe Doble injusticia se afirma que las diligencias practicadas en el río San Juan no se apegaron a las exigencias internacionales y que se violó, a lo largo de la investigación, el debido proceso al presionar y “presumiblemente” torturar a 34 de los 129 procesados hasta el momento.

Es una pena, porque el Alto Comisionado cayó en las trampas y en la propaganda de quienes no quieren conocer lo que ocurrió en Iguala, sino culpar al gobierno mexicano.

Descalifica una indagatoria y el trabajo de oficiales y peritos mexicanos, por declaraciones de los propios detenidos, llegando inclusive a dudar de la aplicación del protocolo de Estambul, que se utiliza para cerciorarse si existieron malos tratos durante una detención o posteriormente.

En el propio informe señalan que lo que tienen son “indicios” que les permiten llegar a la “convicción” de que las autoridades actuaron de manera indebida. Aun así, decidieron dar un golpe seco y sin matices.

El caso Ayotzinapa está podrido y será difícil para las autoridades remontar lo ocurrido. Lo triste es que esto abona a la defensa de delincuentes y no ayuda a lo que más debiera importarnos: que se haga justicia en uno de los casos de violación a los derechos humanos más terrible de nuestra historia.